Valentina, Pulgarcito, Chirú, Charito, Cobú, Tesoro, son algunos de los nombres con los que se bautizó a los tristemente populares osos, anta, jaguar y otros animales silvestres rescatados de los incendios forestales y del tráfico de fauna en las últimas gestiones. ‘A diferencia de estos, muchos otros no fueron noticia, ardieron y murieron en el anonimato, o fueron extraídos en silencio de sus hábitats para el comercio ilegal, engrosando las estadísticas que van en sentido opuesto a los discursos de conservación. Cada 3 de marzo, desde 2014, se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre. La fecha fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (NN.UU.) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) en 2013; pero este 2025, el tema que rige la agenda es la “Financiación de la conservación de la vida silvestre: Invertir en las personas y el planeta”. Con más de un millón de especies en peligro de extinción, según Naciones Unidas, la financiación para la conservación de la vida salvaje es más urgente que nunca, especialmente con la intensificación de la triple crisis planetaria: cambio climático, contaminación y pérdida de la biodiversidad. El Informe Planeta Vivo 2024, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), reveló que, en los últimos 50 años (1970-2020), las poblaciones de vida silvestre monitoreadas han disminuido en promedio un 73% a nivel mundial. América Latina y el Caribe han experimentado la mayor reducción, con un alarmante 95%. Aunque el informe se centra en tendencias globales y regionales, estos datos reflejan la crítica situación de la biodiversidad en países como Bolivia. Los compromisos nacionales El Gobierno boliviano ha asumido diversos compromisos internacionales para la protección del medioambiente y la biodiversidad. Figuran: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB); los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de NN.UU., con 17 metas claras para 2030. Entre estas , la número 15 se centra en la vida de ecosistemas terrestres (bosques, tierra y biodiversidad). Otro de los importantes convenios firmados por el país fue el Acuerdo en Conferencias de las Partes (COP), relacionado con el cambio climático y la biodiversidad. Asimismo, Bolivia firmó las Alianzas para el Financiamiento Sostenible, que impulsan el Proyecto de Financiamiento Permanente (PFP); esta iniciativa busca asegurar recursos financieros a largo plazo para la gestión efectiva de todas las áreas protegidas nacionales y tres áreas protegidas indígenas en el país. La realidad boliviana Por lo menos de forma más visible desde 2019, con el desastre en la Chiquitania y el agravamiento de los incendios forestales, minería y desmontes hasta el año pasado, Bolivia parece ir en contrasentido con sus compromisos internacionales. Una investigación de 2019 del Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (Cedib), concluyó que en Bolivia hay 70 especies en peligro por culpa del comercio ilegal. Con la pandemia, entre 2020 y 2022, el número de animales silvestres rescatados en Bolivia aumentó de 26 a 984, según el entonces viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera López. Este incremento reflejó una mayor actividad de tráfico de especies, sobre todo en Santa Cruz. Solamente el año pasado se quemaron 14 millones de hectáreas a escala nacional, hábitat de muhas especies, la mayoría entre Santa Cruz y Beni, afectando de forma dramática a la vida silvestre, pero también a los bosques. Las áreas asediadas por esta problemática son las más vulnerables según la agenda mundial, es el caso de la Amazonia. De acuerdo a la Gobernación cruceña, mensualmente se elaboran informes de movimiento de fauna del Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD). Durante el año pasado, el CAD atendió a 1.254 individuos de diferentes especies, además de responder a 12 conflictos personas/fauna silvestre, seis intervenciones de atención y rescate de fauna afectada por incendios forestales en Concepción, San Matías y Roboré. Asimismo, el Gobierno Autónomo Departamental (GAD) informó sobre 938 atenciones de rescate y entrega voluntaria de fauna silvestre. Una problemática muy grave tiene que ver con el tráfico del jaguar, una especie amenazada, y una de las más afectadas por grupos criminales en Bolivia. Investigaciones recientes han revelado la participación de ciudadanos europeos y asiáticos en la caza ilegal de estos felinos, motivados por la alta demanda de sus partes en mercados internacionales. Acerca de esto, el GAD indicó que el año pasado, junto a la World Wildlife Fund (WWF) y diferentes actores de la sociedad civil, se inició la construcción de una Estrategia Departamental, para la coexistencia del jaguar y los seres humanos. “Estamos estableciendo alianzas, analizando el marco legal de protección a la especie y proyectando acciones de restauración en corredores biológicos donde habita el felino”, mencionó. Por otro lado, esta instancia departamental aseguró que ha sido parte de los procesos y denuncias relacionadas con biocidio, solicitando actuados a los municipios y coadyuvando en los procesos legales. Ambientalistas inconformes La semana pasada, el colectivo Alas Chiquitanas denunció ante el Viceministerio de Medio Ambiente que el CAD de la Gobernación de Santa Cruz está en crisis, lo que se traduce en falta de contratos de personal y de recursos económicos, impago a proveedores, que afecta la atención de los 100 animales rescatados, además de la capacidad de respuesta para rescates. Asimismo, denunciaron que el oso Pulgarcito, víctima de los incendios de 2024, se lesionó justo antes de ser liberado. Por último, Alas Chiquitanas exigió la reposición inmediata del personal veterinario; una auditoría a la gestión del CAD y de la Dirección de Recursos Naturales y Biodiversidad (Direna), y la destitución inmediata de Julieta Valverde, directora de Direna, por posible incumplimiento y/u omisión de funciones. Asimismo, pidió presupuesto fijo para atención de fauna silvestre y liberación de animales para ser reinsertados en su hábitat. Sobre las denuncias, desde la Gobernación se respondió que, como es de conocimiento público, este nivel del Estado pasa por un momento económico muy difícil, debido a la reducción presupuestaria y a deudas heredadas de la gestión 2023. Se aclaró que, a pesar de la reducción de al menos un 45% en el presupuesto de los programas de la Direna para la gestión 2025, actualmente se realiza la atención y rescate de fauna silvestre en el CAD, informes de requerimiento de Fiscalía, además de atención a los requerimientos de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) y los trámites relacionados con precintado de cueros, derivados de planes de manejo de lagarto, en cumplimiento con la normativa vigente. Desde la Gobernación se aseguró que para la ejecución de operativos de rescate y la atención de animales en el CAD, los bomberos y el personal de planta están brindando apoyo, equipo al que se suman pasantes y veterinarios voluntarios. Asimismo, se recalcó que los rescates de animales silvestres e implementación de CAD no solo son competencia departamental, sino también de los 56 gobiernos municipales cruceños. “Comercio de fauna y biocidio también son competencia de la Policía Forestal de Medio Ambiente (POFOMA)”, aludieron. El abogado experto en temas ambientales, Rodrigo Herrera, cree que el Estado boliviano aún no entendió lo que sus propias normas prevén sobre la fauna silvestre, como el respeto la vida, derecho al desarrollo, bienestar. Según Rodrigo Herrera, hasta diciembre del año pasado había 43 centros de custodia de vida silvestre registrados por el Ministerio de Medio Ambiente, categorizados en bioparques, santuarios, centros de investigación científica, refugios temporales y centros de atención y derivación. Remarcó que por lo menos el 90 o 95% son privados. Precisamente el año pasado, luego de la tragedia en que un trabajador perdió la vida por el ataque de un jaguar, el refugio privado de Playland Park, donde además murió la osa Valentina, gestionó su cierre definitivo. Remarcó que las sanciones administrativas para tráfico de vida silvestre, contempladas en los decretos supremos 4489 (del 21 de abril de 2021), y 3048 (del 11 de enero de 2017), “las penas van hasta ocho años de cárcel, pero no hay estadísticas oficiales sobre tráfico”, observó. Para Vicky Ossio, responsable de Senda Verde (Pasiflora) uno de los mayores centros de derivación de fauna, con una población por encima del millar de individuos, es comprensible la fiscalización, pero lamentó que la propuesta para renovar el reglamento de estos centros tenga sanciones más duras para ellos que para los traficantes de fauna. Informó que, en una reunión con la DGBAP, los centros de custodia del país le reclamaron, como instancia del nivel central, que “se estaba lavando las manos, pasando toda la carga a las gobernaciones, cuando la autoridad nacional tiene sus propias competencias. Hicimos las observaciones y les pedimos firmar el acta y no quisieron los del Ministerio”, denunció. La responsable de Senda Verde lamentó la política extractivista del Gobierno, afirmó que los animales víctimas del tráfico de fauna silvestre nunca pueden volver a su hábitat, peor adultos, porque una vez que salen de este, son condenados a la muerte. “Solamente sobrevive uno de cada diez animales”, reflexionó. En la misma línea, Daniela Justiniano, de Alas Chiquitanas, lamentó el modelo extractivista del Estado boliviano, que se convierte en parte del problema que afecta a la biodiversidad. Ossio dijo que la pandemia no ayudó para nada porque en esa gestión recibieron en Senda Verde unos 150 animales “por lo menos”, una cifra extraordinaria en sus datos históricos de 20 años. Sobre los incendios, afirmó que los animales no sobreviven a “semejante devastación”. Recordó la investigación del biólogo Vincent Voss, que calculó la muerte de 10 millones de animales hasta el 18 de septiembre, cuando recién empezaba lo peor del fuego, sin contar a los invertebrados, lo que agrava la crisis alimentaria. “En los incendios la devastación me quita el sueño; si un fuego se dispara después del primer y segundo día, ya no hay nada que hacer”, suspiró. Johana Jessen fue parte del equipo de rescate de fauna silvestre de Huella Animal en la Chiquitania durante los incendios de 2024. Dijo que, como voluntarios, entraron en desesperación al ver tanto desastre y sensibilidad no canalizada. En cinco días, Jessen y su equipo montaron un centro para atender animales heridos en Concepción, con capacidad para cirugías, y después hubo otro en San Rafael. Sobre el apoyo gubernamental, Jessen dijo que la Gobernación colaboró a medias. Del nivel central, admitió que no hubo coordinación alguna porque apenas daba el tiempo para “lidiar con Direna”. A las alusiones, desde Direna se aseguró que se desconocen las molestias y denuncias de ambientalistas. Se dejó claro que existe predisposición para coordinar y que no se ha rechazado alguna reunión.
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