La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz concedió tutela a favor del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano Pinto, y de su hermano Diego Justiniano Pinto, dentro de una acción de protección de privacidad interpuesta contra el vicepresidente del Estado, Edmand Lara Montaño.
El fallo ordena eliminar las publicaciones difundidas en redes sociales que contenían declaraciones en contra de los accionantes y dispone oficiar a las plataformas digitales para el retiro del contenido cuestionado.
Durante la audiencia, las vocales constitucionales Carla García y Alaín Núñez coincidieron en que las expresiones realizadas desde redes sociales por el vicepresidente vulneraron derechos fundamentales. “Debemos ser responsables por el impacto de las redes sociales”, señaló García al momento de conceder la tutela. Por su parte, Núñez sostuvo que las publicaciones dañaron la honra, reputación y dignidad del ministro y de su hermano, razón suficiente para activar la protección constitucional.
La resolución incluye una exhortación expresa a la Vicepresidencia del Estado para que implemente un protocolo formal de emisión de información y declaraciones públicas, a fin de evitar nuevas afectaciones a derechos fundamentales desde el aparato estatal. La recomendación fue extendida también a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ante la ausencia de mecanismos claros de control sobre los pronunciamientos de altas autoridades.
El proceso constitucional fue activado luego de que el vicepresidente Lara difundiera videos en plataformas digitales, principalmente TikTok, en los que hacía referencia reiterada a publicaciones en redes sociales para vincular al ministro Justiniano y a su hermano con supuestos hechos ilegales, sin respaldo documental. Ante la persistencia de esas acusaciones públicas, el ministro optó por acudir a la vía constitucional para frenar lo que consideró difamaciones injustificadas.
La acción de protección de privacidad tiene como finalidad resguardar la intimidad personal y familiar, la honra y la reputación, especialmente frente a injerencias ilegítimas amplificadas por redes sociales. En su fallo, la Sala dejó a salvo el derecho de los accionantes de acudir a otras instancias judiciales, como la vía ordinaria, para reclamar eventuales daños morales, fuera del ámbito constitucional.