El Mutún ha vuelto a ocupar titulares no por el inicio de una era siderúrgica largamente prometida, sino por la confirmación de un fracaso que Bolivia arrastra desde hace décadas. Con sus 40.000 millones de toneladas de hierro – considerado uno de los yacimientos más grandes del mundo- el proyecto debería haber sido una palanca estratégica para la industrialización, la generación de empleo y la sustitución de importaciones. En cambio, se ha convertido en testimonio incómodo de postergaciones, mala gestión y decisiones políticas sin resultados tangibles.
La reciente denuncia de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) sobre incumplimientos en el contrato “llave en mano” con la empresa china Sinosteel expone con crudeza una paradoja difícil de explicar a la ciudadanía porque la planta siderúrgica no está en funcionamiento, pero el Estado ya pagó el 100% de la obra, alrededor de 400 millones de dólares. En cualquier lógica de administración responsable, el pago total se realiza contra la entrega efectiva y operativa del proyecto. Aquí ocurrió lo contrario: se desembolsó todo el dinero, mientras la planta sigue sin producir una sola tonelada de acero.
El Gobierno ahora exige “correcciones” y anuncia investigaciones a exautoridades involucradas en el emprendimiento. Es una reacción necesaria, pero tardía. La pregunta inevitable es por qué estos problemas no se detectaron antes, por qué se aprobaron pagos sin garantías claras de funcionamiento y por qué, una vez más, la rendición de cuentas aparece solo cuando el daño ya está hecho. La investigación no debería limitarse a responsabilidades administrativas menores, sino esclarecer la cadena completa de decisiones políticas, técnicas y financieras que llevaron a este desenlace penoso y hasta evitable.
El de la siderúrgica de Mutún no es un proyecto fallido aislado; es parte de un patrón. Desde hace más de medio siglo, distintos gobiernos han anunciado su industrialización como un hito inminente. Se firmaron contratos, se crearon empresas estatales, se cambiaron socios estratégicos y se repitieron discursos grandilocuentes. El resultado siempre fue el mismo con expectativas infladas y resultados mínimos. La diferencia ahora es el tamaño del desembolso y la magnitud del descrédito institucional que deja un proyecto pagado, pero inconcluso.
Más allá de la coyuntura política, el caso Mutún obliga a una reflexión de fondo sobre cómo el Estado boliviano gestiona sus megaproyectos. La improvisación, la ausencia de claridad contractual y la subordinación de criterios técnicos a urgencias políticas terminan convirtiendo oportunidades históricas en pesadas cargas fiscales. No basta con señalar a exautoridades si no se corrigen las prácticas que permiten que esto ocurra una y otra vez.
El yacimiento de Mutún sigue ahí, intacto en términos geológicos, pero erosionado en su credibilidad. Recuperar ese proyecto no solo requiere “correcciones” técnicas, sino un cambio real en la forma de planificar, contratar y supervisar obras estratégicas. De lo contrario, el mayor yacimiento de hierro del mundo seguirá siendo, para Bolivia, la mayor metáfora de su incapacidad para transformar riqueza potencial en desarrollo real.