Por James Robles, Clínica Sistémica de la Familia ESBO
Hablar de salud mental sin datos es opinar; hablar con datos es transformar políticas públicas porque dato mata relato o evidencia mata creencias. En América Latina, uno de los principales desafíos en salud mental no es únicamente la ausencia de servicios, sino la ausencia de información validada y publicada que permita comprender la magnitud real de los problemas, identificar factores de riesgo y evaluar qué intervenciones funcionan en nuestro contexto pluricultural.
Contar con data confiable en salud mental es una necesidad sanitaria y estratégica para nuestro país. Los trastornos mentales representan una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y, según la OMS, está en aumento.
Sin embargo, muchos países aún dependen de estimaciones extrapoladas o estudios que no siempre reflejan la realidad local especialmente los países que no cuentan con leyes ni programas nacionales y departamentales como el nuestro. La toma de decisiones sin evidencia contextualizada conduce a intervenciones fragmentadas, baja asignación presupuestaria y programas que no siempre responden a las necesidades reales de la población.
En este escenario, la creación de un Observatorio de Salud Mental constituye una herramienta clave, no solo porque permitirá recopilar datos, sino porque facilitará la sistematización de la información con normas internacionales y códigos de bioética, generar indicadores, validar instrumentos y producir conocimiento científico que oriente políticas públicas a nuestro país.
Chile, Colombia y España han desarrollado sistemas de vigilancia en salud mental que permiten monitorear prevalencia, acceso a servicios y resultados de intervenciones. En el Reino Unido, el National Institute for Health Research (NIHR) financia estudios piloto y ensayos clínicos que permiten probar intervenciones antes de su implementación a gran escala, garantizando eficiencia y sostenibilidad.
Pero producir datos no es suficiente; es imprescindible que estos datos sean obtenidos bajo estándares internacionales de calidad. Los investigadores deben estar formados en Buenas Prácticas Clínicas (BPC), manejo ético de información sensible y diseño metodológico riguroso, manejo y custodia de datos.
Todo protocolo de investigación en salud mental debe contar con la aprobación de un Comité de Bioética, asegurando el respeto a los derechos, la confidencialidad y el bienestar de los participantes. Este aval no solo protege a la población, sino que también permite que los resultados puedan ser publicados en revistas indexadas y reconocidas internacionalmente. Asimismo, el fortalecimiento de un Observatorio requiere docentes investigadores especializados en cada línea estratégica.
La producción de evidencia demanda equipos multidisciplinarios capaces de diseñar instrumentos válidos y confiables, probar su consistencia psicométrica y adaptarlos culturalmente. Validar instrumentos de medición es un paso esencial para evitar diagnósticos erróneos o interpretaciones inadecuadas de resultados.
Antes de implementar programas masivos, es fundamental evaluar su viabilidad mediante estudios piloto que permitan identificar barreras logísticas, culturales y financieras. Luego, los ensayos clínicos ya sean de tipo I (seguridad), tipo II (eficacia preliminar) o tipo III (efectividad comparativa), ofrecen evidencia progresiva sobre la utilidad real de las intervenciones. Este proceso escalonado evita inversiones fallidas y fortalece la credibilidad institucional.
Los datos estadísticos sólidos también permiten analizar brechas de acceso, desigualdades territoriales y factores de vulnerabilidad. Además, posibilita evaluar el impacto de políticas públicas y justificar el financiamiento. Las agencias de cooperación priorizan proyectos que demuestran evidencia previa, metodología rigurosa y capacidad técnica instalada.
El Observatorio de Salud Mental se constituye en una plataforma estratégica para transformar la realidad sanitaria del país. Generar datos, validados y publicados posiciona a las instituciones como referentes científicos, fortalece la formación de futuros profesionales y contribuye a políticas públicas basadas en evidencia.
Sin datos no hay planificación; sin investigación rigurosa no hay credibilidad; y sin ética no hay legitimidad. El desafío es producir conocimiento de calidad para mejorar la salud mental de nuestra población con responsabilidad científica y compromiso social.