La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de Empresas Estatales informó que 64 de las 67 empresas públicas del país registran pérdidas económicas, mientras que solo tres —YPFB, ENDE y Comibol— generan utilidades, aunque todavía lejos de estándares internacionales de eficiencia.
El director ejecutivo de la entidad, Pablo Camacho, precisó que 14 empresas se encuentran en quiebra técnica, es decir, con pérdidas superiores al monto de inversión inicial. Entre los casos más críticos figuran la azucarera YLB, Quipus, Papelbol, San Buenaventura y la Empresa de Servicios Aéreos.
“Estos recursos no pertenecen a gobiernos anteriores, son recursos de los 11,5 millones de bolivianos que lamentablemente se perdieron en proyectos que no generaron desarrollo ni crecimiento”, afirmó Camacho, al responsabilizar a la administración del Movimiento al Socialismo (MAS).
Pérdidas acumuladas superan los Bs 8.000 millones
Según el informe, las pérdidas acumuladas de las empresas estatales superan los 8.000 millones de bolivianos, un monto que —de haberse administrado de manera eficiente— “habría tenido un impacto transformador en la economía nacional”, sostuvo el ejecutivo.
Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de la Empresa de Servicios Aéreos Bolivianos, que nació con un patrimonio de 52 millones de bolivianos y ya registra pérdidas por 47 millones de bolivianos hasta 2024. Actualmente, la compañía tiene dos helicópteros fuera de operación, destinados originalmente a tareas de rescate, atención de emergencias e incendios forestales, tanto para el sector público como privado.
“Estos helicópteros son esenciales para emergencias y desarrollo regional. Hoy, por falta de mantenimiento y recursos, permanecen parados, evidenciando la mala gestión de fondos públicos en gestiones anteriores”, remarcó Camacho.
Proyectos sin sustento y trato desigual
El titular de la Oficina Técnica cuestionó además la creación de empresas estatales que no respondieron a necesidades reales del país. Iniciativas como Kipus y Papelbol —dijo— fueron concebidas más para el consumo interno del anterior gobierno que para una lógica de eficiencia productiva, derivando en estructuras burocráticas sin resultados concretos.
Asimismo, reveló que algunas empresas recibieron periodos de gracia de hasta 13 años para el pago de créditos, como San Buenaventura y EASBA, beneficios que no están disponibles para el sector privado, lo que evidencia un manejo desigual de los recursos públicos.
Anuncian auditorías y decisiones caso por caso
El diagnóstico técnico, que supera las 140 páginas, será presentado al Gabinete de Ministros y servirá de base para definir medidas diferenciadas para cada empresa. Se prevé la realización de auditorías integrales con el objetivo de establecer daños económicos y posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
“Tenemos que garantizar transparencia. En 10 a 12 días convocaremos a una conferencia de prensa para que universidades, investigadores y periodistas puedan revisar esta información de manera clara y didáctica”, adelantó Camacho.
El informe también identifica vencimientos de deuda pendientes de reprogramación y obligaciones financieras que deberán ser atendidas en la gestión 2026. Camacho subrayó que no existe una fórmula única para la recuperación o reestructuración de las empresas y que cualquier decisión deberá enmarcarse en la Ley 466, que limita la inyección de recursos estatales sin sustento técnico y legal.
“Más allá de la ideología o del gobierno de turno, hoy la prioridad es preservar los recursos de los bolivianos y garantizar su uso eficiente”, concluyó.