En una década, Perú ha tenido ocho presidentes. La cifra retrata una inestabilidad que debería encender todas las alarmas democráticas en la región. No se trata solo de crisis personales o errores individuales en el ejercicio del poder. Lo que está en juego es un diseño institucional que ha permitido que el Congreso active, con relativa facilidad, la figura de la “incapacidad moral permanente” para destituir al jefe de Estado.
Ese precepto constitucional fue concebido como un recurso excepcional. Su espíritu buscaba poner límites al poder presidencial y frenar eventuales desviaciones autoritarias. El Congreso, como representante del soberano, debía ejercer esa atribución con responsabilidad, velando por el bien común y preservando la estabilidad institucional. Sin embargo, como han advertido diversos constitucionalistas peruanos, la aplicación reiterada y expansiva de esta figura la ha desnaturalizado. Lo que debía ser un freno extremo terminó convertido en herramienta de confrontación política.
La ambigüedad del concepto de “incapacidad moral” ha facilitado su uso amplio. No exige necesariamente la comisión de un delito comprobado ni una sentencia judicial firme, sino que se apoya en valoraciones políticas sujetas a la correlación de fuerzas en el Parlamento. En ese contexto, la gobernabilidad queda supeditada a mayorías volátiles capaces de articular alianzas coyunturales para remover presidentes. Así, la inestabilidad deja de ser un accidente y se transforma en práctica recurrente. Cuando la excepción se vuelve regla, la democracia se erosiona desde dentro.
El efecto no es menor. Cada destitución alimenta la desconfianza ciudadana y profundiza la polarización. La presidencia pierde autoridad simbólica, mientras el Congreso asume un protagonismo que no siempre se traduce en estabilidad. El equilibrio entre poderes, diseñado para contener excesos, termina tensionado hasta el límite. En lugar de un sistema de pesos y contrapesos, emerge una dinámica de confrontación permanente.
Sin embargo, el caso peruano ofrece un contraste notable. A pesar del vaivén político, ciertas instituciones han funcionado con profesionalismo. El Banco Central de Reserva del Perú es ejemplo de ello. Su autonomía y conducción técnica han sido reconocidas como pilares de la estabilidad macroeconómica. Gracias a esa fortaleza institucional, la economía peruana ha mantenido, con altibajos, un ritmo sostenido de crecimiento en los últimos años, incluso en medio de la turbulencia política.
Este fenómeno sugiere una lección relevante: la política no siempre determina de manera absoluta el desempeño económico. Cuando existen instituciones técnicas sólidas, con reglas claras y autonomía real, la economía puede resistir la volatilidad del debate político. La disciplina fiscal y la prudencia monetaria actúan como anclas frente a la incertidumbre. No se trata de una desconexión total entre política y economía, sino de la capacidad de ciertos organismos para preservar continuidad y previsibilidad.
Guardando distancias, Bolivia puede extraer lecciones de esta experiencia. También aquí el equilibrio entre poderes ha sido tensionado en distintos momentos. La estabilidad no depende únicamente de la letra constitucional, sino de la cultura política que la interpreta y aplica. Un Congreso fuerte puede ser garantía de control democrático, pero también factor de bloqueo si prima el cálculo coyuntural. Del mismo modo, un Ejecutivo robusto puede impulsar reformas o caer en tentaciones hegemónicas.
La clave está en la madurez institucional. No basta con diseñar mecanismos de control; es imprescindible que quienes los ejercen comprendan sus límites. Cuando las herramientas constitucionales se utilizan como armas políticas, la democracia se debilita. Cuando las instituciones técnicas se blindan con profesionalismo y autonomía, la economía gana resiliencia.
Perú muestra, en suma, dos caras de una misma realidad: la fragilidad de la política y la fortaleza de ciertas instituciones. La democracia y la economía no son garantías perpetuas. Son pilares de una sociedad moderna que deben preservarse con idoneidad, firmeza y honestidad.