La administración de justicia en Bolivia se configura hoy como un reto estructural, una de aquellas asignaturas que el nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha señalado como prioritaria: no por añadidura, sino porque el aparato judicial y sus sistemas aparecen fuertemente erosionados por la corrupción, la falta de independencia y la impunidad. El 14 de noviembre en Sucre, a convocatoria del TSJ, los órganos del Estado abordarán la temática en procura de plantear unas necesarias y urgentes reformas del sistema judicial boliviano.
Diversos informes recientes revelan una crisis de legitimidad del sistema judicial boliviano. Según la referencia del World Justice Project (WJP 2025), Bolivia ocupa el puesto 131 de 143 países en su Índice del Estado de Derecho, con una puntuación de solo 0,37 sobre 1. Esta calificación se explica por déficits graves en independencia judicial, rendición de cuentas gubernamental y control de la corrupción. Además, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha alertado que en la administración de justicia existe “una estructura casi criminal y con impunidad” ante hechos que afectan derechos humanos. Es claramente perceptible que la corrupción institucionalizada, la captura política del aparato judicial y la opacidad institucional tienen mucho que ver con la crisis de gobernabilidad en el país.
En términos concretos, se explican por sí solas anomalías como la demora sistemática de los procesos, la sobrecarga de los tribunales, la captura de juzgados por intereses partidarios o económicos y la percepción cada vez más extendida de que la justicia “no es para todos”.
Que la corrupción sea vista como el principal escollo no es pues una exageración. En Bolivia, el sector judicial es persistentemente señalado como uno de los más corruptos y politizados de la administración pública. Un estudio de la U4 (2011) lo refería como “ineficiente, ampliamente corrupto y sujeto a la injerencia política”. La corrupción adopta distintas expresiones: sobornos para agilizar fallos o trámites, influencias indebidas en decisiones de la Fiscalía y de los juzgados, favoritismos políticos en la provisión de cargos y una tasa de sanciones muy baja frente a las denuncias recibidas. Un análisis detalla que de más de 4.500 cargos presentados entre 1998 y 2001 apenas el 3% resultaron en sanción.
La consecuencia es doble: por un lado, la justicia se ralentiza o se administra de modo desigual; por otro, la impunidad se consolida como norma de facto, lo que refuerza la percepción ciudadana de que la ley puede comprarse o evadirse. La confianza de la gente en la justicia ha llegado a niveles mínimos.
Para el gobierno recién instalado, este panorama implica una agenda de transformaciones profundas, que van más allá de pequeñas mejoras superficiales. Algunos de los retos clave son la Independencia judicial para garantizar que jueces y fiscales actúen sin presiones del Ejecutivo o de grupos de poder: es un principio constitucional (art. 178 CPE) que en la práctica ha sido vulnerado. Los nuevos nombramientos deben responder a criterios técnicos y no a lealtades políticas; el mismo Paz Pereira ha planteado una “revolución judicial” basada en mérito, tecnología y transparencia.
Un sistema judicial íntegro es condición indispensable para la gobernabilidad, la atracción de inversiones, la equidad social y para construir un verdadero Estado de derecho.
Si son alcanzados avances creíbles en ese campo, el impacto será multiplicador: la percepción de que la ley se aplica para todos sin privilegios puede estimular la participación ciudadana, reducir la violencia política, alentar el desarrollo de mercados más justos y restablecer la confianza del ciudadano común en el Estado. Pero si fracasa o se queda en reformas cosméticas, el riesgo es mayor porque reforzará la narrativa de colapso institucional, prolongará la impunidad y perpetuará el desencanto.
La administración de justicia en Bolivia no es un problema técnico más. Es una profunda herida institucional que compromete la calidad del Estado y la vida misma de los ciudadanos. La corrupción, lejos de ser un fenómeno aislado, opera como factor estructurante de esa debilidad. Para el Órgano Ejecutivo, el reto es gigantesco: transformar una cultura de impunidad en otra de cumplimiento; que la justicia no sea privilegio de unos pocos, sino garantía de todos. El éxito o fracaso de esta reforma definirá no solo su mandato, sino qué tipo de país pretenden los bolivianos.