La Defensoría del Pueblo observa el decreto presidencial de amnistía e indulto por razones humanitarias ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, debido a que establece un procedimiento dilatorio y burocrático en los trámites, que impediría que esta población pueda acceder a esos beneficios.
La titular de esa instancia, Nadia Cruz, manifestó que, si bien la normativa inicial fue modificada, persisten los requisitos y procedimientos que, en la gestión pasada, dificultó y dilató la tramitación de solicitudes de las y los privados de libertad.
La autoridad planteó la aplicación de alternativas más agiles y menos formales que posibiliten que la población beneficiada pueda cumplir con los requisitos, tomando en cuenta que la obtención del Informe del Sistema de Información de Registros de Causas Judiciales, el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y el certificado médico forense, en condiciones normales ya ameritan un procedimiento dilatorio y burocrático.
La institución defensorial, en la gestión 2019 atendió 140 casos sobre personas privadas de libertad que iniciaron su trámite para acceder a la amnistía, de las cuales 85 no contaban con la certificación emitida por el juzgado de la causa; 72 no tenían el certificado de permanencia expedido por el establecimiento penitenciario ni el REJAP; y 12 no contaban con el certificado médico forense.