Este jueves, el alcalde de San Ignacio, Ruddy Dorado, y la Fundación Natura, representada por Milton Huayrana, encargado de Desarrollo Estratégico de la ONG, firmaron un convenio para la contratación de guardaparques, que tendrán la misión de custodiar el área protegida municipal Bajo Paraguá, actualmente avasallada. Asimismo, el edil aseguró que el desalojo se realizará pronto, "con o sin la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT).
Hace unos días también se conformó el Comité de Gestión del área protegida (AP), encabezado por Maida Peña, cacique de la comunidad Porvenir, que forma parte de la TCO Bajo Paraguá, colindante con el Parque Noel Kempff Mercado y el AP Bajo Paraguá.
La ONG Natura nos viene apoyando en las zonas de Alto y Bajo Paraguá, con el Gobierno Municipal estamos firmando un convenio en la política que venimos planteando, nuestras áreas protegidas. Lo hacemos de forma silenciosa, no buscando prensa. La posición del Gobierno Municipal es proteger nuestras áreas, lo hicimos con los mineros que quisieron venir a explorar el cerro en la zona de Mercedes, de Santa Rosita de la Mina. Además, nosotros hemos ido a Piso Firme, a más de 400 km, justamente a posesionar a todo el comité de defensa (de gestión) del área protegida municipal, explicó Dorado.
El alcalde dijo que ha sido testigo del fracaso de la lucha durante 17 años, se nos han entrado hasta el canchón de nuestra casa con los asentamientos, legales e ilegales, dijo, a tiempo de agregar que por eso la Alcaldía hizo la representación ante el INRA, y por primera vez un Gobierno Municipal recibió una respuesta del INRA nacional, que da la facultad de coordinar con la ABT, de que esos asentamientos son ilegales, para que se los pueda sacar.
Este convenio tiende a reforzar, nosotros como GAM vamos a sacar cualquier construcción o choza que haya en esa zona, y a partir de ahora Natura nos va a colaborar con los guardaparques, de tal modo que se eviten estos asentamientos, aseguró.
Maida Peña, presidenta del Comité de Gestión de Bajo Paraguá, informó que junto con el Comité Cívico de San Ignacio dieron plazo a la Alcaldía para desalojar y contratar guardaparques a fin de sentar presencia.
Ya tenemos a los guardaparques y necesitamos a esa gente por la emergencia de los incendios, dijo Peña, que además viralizó un video de la zona, denunciando la suciedad que dejaron los colonos convocados para la visita del presidente Luis Arce de hace unos días, donde se ven bolsas, plásticos, llantas, etc., en la entrada al AP.
Les pedimos que vengan y levanten toda la basura que dejaron porque está muy feo. La entrada a nuestro parque quedó una cochinera después del evento de la gente que vino a recibir al presidente. Parece un basurero, vengan y recojan, esta es la entrada a nuestras áreas protegidas, reclamó.
Informe de la ABT
El reporte de la ABT, del 14 de junio de este año, tras la inspección a Bajo Paraguá, por la denuncia de un supuesto desmonte en una supuesta área protegida municipal aprobada por Ley Autonómica Municipal 469/2021, de enero de 2021 concluyó que no se encontraron asentamientos, pero sí chaqueos.
La comisión fue conformada por siete funcionarios de la ABT, un delegado de la Alcaldía, los concejales Cristian Méndez y Marcos Méndez, el presidente cívico de San Ignacio Dino Franco, y Román Vallejos, de la Seccional del MAS en San Ignacio.
Hechas las averiguaciones, siete comunidades tenían solicitud de resolución de asentamiento en la zona (15 de octubre, Los Cedros, Villa Verde, Monte Grande, Nueva Generación, Satélite y San Salvador), ninguna tenía derechos forestales adquiridos.
Según la ABT, no se encontraron asentamientos, pero sí chaqueos para maní y maíz. Se entregaron citaciones a Nilton Padilla Cejas (15 de octubre), por desmonte de más de 71 hectáreas, y a Ciriaco Huaranca Saturi (Los Cedros), por el desmonte de más de 10 hectáreas, a quienes se iniciaron procesos administrativos, aunque dos meses después se desconoce en qué estado se encuentran los procesos
Como sugerencia, el informe de la ABT dice que al ser área protegida municipal pasa a ser responsabilidad de la Alcaldía, que debe presupuestar fondos para personal técnico. La ABT solo podrá atender denuncias de contravenciones forestales y de las cuales solo hemos recibido formalmente una, que fue respondida a la brevedad, dice el documento, aunque la ABT cuenta con tecnología satelital para detectar quemas y desmontes en áreas no permitidas.
Otros reportes
La Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) reportó que a pesar de la inspección de la ABT en junio, entre el 11 y el 21 de julio se desmontaron cuatro hectáreas adicionales a las anteriores, además de otros desmontes a fines de junio. Asimismo, se informó que desde abril, aproximadamente, tras sobrevuelos, se evidenció la existencia de cultivos en el lugar.