El Consejo de la Magistratura intervino este miércoles el Juzgado Público Civil y. Comercial 16° de la Capital, a cargo del juez Williams Gerardo Escalante Cabrera, y activó tres procesos disciplinarios en su contra, tras denuncias ciudadanas que derivaron en levantamientos técnicos por presuntas irregularidades. La medida abre un nuevo frente de tensión en el Órgano Judicial, con versiones contrapuestas entre la autoridad intervenida y la presidencia del Consejo.
De acuerdo con el presidente del Consejo, Carlos Spencer Arancibia, la intervención responde a tres denuncias distintas y no implica injerencia directa del Consejo en sanciones, las cuales —subrayó— son competencia de los jueces disciplinarios.
“Nosotros realizamos seguimiento y control conforme a la Constitución y la Ley 025; las sanciones las determinan los jueces disciplinarios”, afirmó, al precisar que los procesos podrían derivar en suspensiones notificadas por Recursos Humanos.
Escalante rechazó las acusaciones y sostuvo que enfrenta tres procesos por un mismo hecho, al que describió como una “pegada de hoja” en una medida preparatoria de reconocimiento de firma, acción que —aseguró— no constituye delito. Con 32 años de carrera judicial, dijo no haber sido antes suspendido ni sentenciado y denunció persecución y otros intereses detrás de la intervención.
El magistrado también afirmó que existe interés en procesos sensibles que tramita su despacho, entre ellos la quiebra de Financial Group, y denunció el retiro del expediente sin notificación previa. En ese marco, negó tener algo que ocultar y anunció que hará valer sus derechos incluso ante instancias internacionales.
Desde el Consejo, Spencer rechazó las acusaciones de direccionamiento y aclaró que las denuncias no provienen de un solo proceso ni responden a órdenes externas. Indicó que los levantamientos técnicos continuarán ante reclamos por mora procesal, retardación de justicia e incumplimiento de deberes, y remarcó que el Consejo no se debe a autoridades sino al mandato ciudadano.
Mientras tanto, la situación jurídica del juez queda a la espera de las decisiones de los jueces disciplinarios, que definirán si corresponden suspensiones y su duración. El caso reaviva el debate sobre control, fiscalización y garantías del debido proceso dentro del sistema judicial boliviano.