En medio de una nueva ola de bloqueos impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales, el Gobierno boliviano expresó su firme preocupación ante lo que considera un intento de “normalizar” la violencia como mecanismo para forzar cambios de gobierno. En conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, sostuvo que la única vía legítima para definir el rumbo del país es el voto ciudadano, y aseguró que las elecciones generales del 17 de agosto se realizarán “sí o sí”.
“El común denominador de las acciones que ha venido promoviendo Evo Morales es una ambición enfermiza de poder, que busca la habilitación inconstitucional de su candidatura”, afirmó Prada. Según denunció, el exmandatario intenta forzar la renuncia del presidente Luis Arce y sabotear el proceso electoral en curso para volver a postularse, a pesar de estar inhabilitado por la Constitución y por fallos constitucionales previos.
En los últimos días, organizaciones sociales identificadas con Morales han bloqueado rutas en al menos cinco departamentos: Cochabamba, Potosí, Oruro, Santa Cruz y La Paz. Los manifestantes aseguran que protestan por la crisis económica y exigen la renuncia del presidente Arce. Sin embargo, el Gobierno sostiene que detrás del discurso económico se oculta un intento de golpe blando liderado por Morales.
“El objetivo es impedir las elecciones y generar convulsión para que, en medio del caos, se lo habilite como candidato”, alertó la ministra. “No normalicemos rupturas constitucionales, no demos ese ejemplo a nuestras hijas e hijos, donde se justifique que los presidentes cambian mediante violencia, convulsión y derramamiento de sangre”, enfatizó.
El presidente Arce, por su parte, identificó públicamente a Morales como el “instructor” de los bloqueos y denunció que el exmandatario busca desestabilizar su gobierno. “Miente cuando dice que su protesta es por la economía”, aseguró esta semana a través de sus redes sociales.
Además del bloqueo de caminos, la crisis política escaló con un video viral en el que un encapuchado amenaza a instituciones del Estado si no se habilita la candidatura de Morales. El Tribunal Supremo de Justicia presentó una denuncia contra quienes —en palabras de su presidente, Romel Saucedo— actúan como “aprendices de dictadores”. El Tribunal Constitucional también denunció un intento de atentado con explosivos contra su sede en Sucre, y la Policía detuvo a dos personas con artefactos explosivos.
En el centro de las acusaciones del Gobierno se encuentra un audio atribuido a Morales, donde se lo escucha ordenar cercos a las ciudades y declarar una “batalla final”. Morales respondió denunciando una supuesta campaña de montaje por parte del Gobierno: “Solo el pueblo conoce la verdad”, afirmó.
A pesar del clima de tensión, Marianela Prada aseguró que el Ejecutivo está comprometido con el proceso democrático: “Todo el sistema político ha asumido un compromiso firme y pleno de que haya elecciones. Vamos a llegar al 17 de agosto en una fiesta democrática, donde sea el pueblo quien decida el destino de nuestro país en las urnas”.
El Gobierno también anunció que presentará una denuncia penal contra Evo Morales y otros presuntos responsables por delitos como terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones constitucionales y obstaculización de procesos electorales.
“La paz social, la justicia y la seguridad de la población no pueden estar en riesgo por una persona. Cerremos filas contra quienes intentan sembrar violencia. Vamos a seguir trabajando hasta el último día de nuestro mandato y garantizaremos elecciones el 17 de agosto, por el pueblo, por nuestras familias y por nuestra patria”, concluyó la ministra Prada.