La activista Amparo Carvajal mantiene su vigilia desde hace al menos 50 días tratando de recuperar el control del edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), que está tomado por el grupo de Edgar Salazar.
Este viernes, la activista de 84 años denunció que, durante la noche, sufrió un “atropello” en la terraza de la APDHB (donde se encuentra desde el 11 de julio) porque, según su versión, el baño portátil que le habían proporcionado fue utilizado por los huelguistas del grupo de Salazar, que también se instalaron en los últimos días cerca de Carvajal. Pasé “muy mal porque han atropellado durante la noche. Más de 15 personas, incluyendo tres mujeres, sus familias, entregaron (…) el baño que no tiene agua. He pasado toda la noche despierta y ellas ahí atrás con un papel. Hoy me encontré que había ahí toda una porquería de infección, pido urgente que saquen ese baño portátil, que es prestado”, dijo. Carvajal y Salazar se disputan la presidencia de la APDHB desde hace bastante tiempo, pero este conflicto se agravó desde el 2 de junio, cuando el grupo de Salazar, de manera sorpresiva, procedió a tomar las instalaciones de la Asamblea en La Paz desalojando a los funcionarios que trabajaban o trabajan con la activista de 84 años. El expresidente Carlos Mesa, mediante su cuenta en Twitter, consideró que “la solución sensata y correcta es que se restituya la legalidad, retirando a los usurpadores y devolviendo la sede institucional a Amparo Carvajal”. Mesa cree que Carvajal es la única persona que tiene legitimidad y credibilidad para garantizar que la APDHB mantenga su independencia y compromiso con los derechos humanos. “La acción partidaria de Salazar y su grupo masista intenta destruir la esencia de la entidad más importante de DDHH en Bolivia, asaltando sus oficinas y acosando y persiguiendo a su dirigencia. Este propósito confirma el nefasto propósito autocrático de este gobierno”, agregó el exmandatario. Entretanto, el Gobierno aseguró en reiteradas ocasiones que se trata de un conflicto interno y que se debería solucionar de acuerdo a sus normas institucionales. Mientras el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, anunció que buscará constituir una plataforma de mediación con distintas instituciones. “Lamentablemente se ha politizado en extremo esta situación y esto impide darle una salida; nosotros hemos generado un proceso de mediación que no ha tenido mucho resultado, (pero) el día de hoy estamos emitiendo notas a varias instituciones para que podamos formar una plataforma de mediación”, informó Callisaya en un contacto con medios en Cochabamba. Según el Defensor, esas notas fueron emitidas a la Universidad Mayor de San Andrés, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otras instituciones. La idea es que “nos podamos reunir la próxima semana, el día martes a las 10:00, en la ciudad de La Paz, en la Defensoría del Pueblo y podamos articular una plataforma que permita incidir en la solución de esta problemática”, apuntó.