Si el ex presidente fugado mantiene su estrategia de hacer arder el país para así volver al rascacielos presidencial, sus huestes mantienen su fe ciega en él (o su dependencia económica y de oficio) y siguen convulsionando el país, y el gobierno decide gobernar, es posible que cuando usted esté leyendo esta columna se haya declarado el estado de excepción.
Si eso sucede, estaríamos ante una medida sin precedente. En el viejo estado republicano se tenía la figura de Estado de Sitio que fue aplicado por última vez y en forma sui generis (si la memoria no me falla) en la gestión Banzer-Quiroga, a causa de las movilizaciones que se desataron luego de la famosa “guerra del agua” cochabambina.
Pese a la importancia de este tema, que puede ser unido al nuevo encuentro político-institucional que se realizó (si se realiza) en Santa Cruz para preservar las elecciones del agosto próximo… esta vez quiero escribir sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de condenar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por corrupción, porque es un tema que trasciende ese país y nos llega a toda la región.
Se trata de uno de los pocos casos en que un proceso que duró alrededor de 17 años y se desarrolló en todas sus etapas dando pleno cumplimiento a los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa concluye con la mencionada condena, más la inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida y el resarcimiento de lo robado (que sólo en este caso alcanzaría a más de 1.000 millones de dólares, que deberán pagar ella y otros condenados en el ilícito de manera solidaria).
No es poca cosa. En esos 17 años Fernández fue dos veces presidenta y una vicepresidenta, lo que echa por la borda los argumentos del “lawfare” (que “es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”) que, ¿casualmente?, argumentan sus partidarios y sus colegas del socialismo del Siglo XXI y el Grupo de Puebla, muchos de ellos procesados y sancionados también por corrupción, pero en juicios incoados luego de ser echados (a las buenas o a las malas) del poder.
Como escribe el periodista argentino Diego Cabot, la “condena a la corrupción —no a Cristina Elisabet Fernández— y la ponderación de las pruebas que se acumulan en los expedientes es uno de los caminos para devolver la confianza en uno de los poderes del Estado. Solo eso: condenar o absolver de acuerdo con las pruebas. Y defenderse como lo haría cualquier ciudadano: con aportes probatorios que valoren su inocencia, y no con la destrucción de las instituciones”.
Fácilmente se colige que no es un problema solo argentino, sino global y que se agrava en nuestra región, como bien vemos en el país donde la corrupción y la impunidad están a flor de piel. Además, permite comprender que, como dice el mismo Cabot, “sin oferentes dispuestos a participar del juego, no hay corrupción posible. Muchas veces se pone el foco solo en los funcionarios”, para rematar señalando que no habrá cambio “sin voluntad política. Pero tampoco sin una ciudadanía activa, un empresariado ético y una justicia independiente. Mientras estos pilares sigan ausentes o débiles, la corrupción seguirá operando con la misma lógica: como un sistema aceitado, funcional y persistente”.
Volviendo al caso concreto, otro analista argentino, Pablo Mendelevich, explica la estrategia que utilizó Cristina, la de la falacia causal, pues sugiere que “lo que produce el viento es el follaje de los árboles cuando se mueve”. Así, el lunes anunció su candidatura, considerando que ésta desataría “los demonios. Pero, el “orden causal fue justo el inverso. Ella anunció de manera algo prematura ‘una’ candidatura como bien dice, la de vulgar diputada provincial -más o menos como si Andrea Bocelli se presentara para concursar en American Idol- porque sabía que la Corte estaba a un paso de resolver su prisión. Le hacía falta poner sobre la mesa una candidatura que le aportase algo de verosimilitud a la endeble denuncia de ‘proscripción’. Proscripta e inhabilitada por la Justicia son cosas tan diferentes como una dictadura de un gobierno democrático (…) Caída la estrategia de buscar fueros para escurrirse sólo le quedaba una respuesta de tipo político, sin traducción jurídica. Es la que está a la vista, una victimización mayor que la desplegada a lo largo del interminable proceso judicial”.
En Argentina se termina un largo capítulo, de una obra de mayor calado porque, por un lado, Fernández tiene otros cuatro procesos por corrupción, y, por el otro, Cristina es UN caso, y, como se sabe, una golondrina no hace una primavera, pero cuánta esperanza genera ese instante…