Bolivia vuelve a mirarse en el espejo incómodo de su Policía. No por una crisis aislada ni por un escándalo pasajero, sino por la constatación de que la institución encargada de resguardar el orden y la seguridad ciudadana arrastra una degradación profunda, acumulada durante décadas y hoy inocultable. El plan de modernización y reinstitucionalización presentado por el comandante general Mirko Sokol abre una oportunidad que el país no puede desperdiciar: discutir, con seriedad de Estado, una reforma estructural impostergable.
Los datos conocidos en apenas dos meses de gestión son elocuentes: 151 efectivos denunciados por corrupción, la mayoría por cobro de coimas, describen un mal cotidiano que la ciudadanía padece desde hace años. Pero reducir el problema a ese fenómeno sería engañoso. La Policía también ha sido golpeada por casos mucho más graves: exjefes antidroga encarcelados por narcotráfico, redes de tráfico de vehículos con participación policial y uniformados vinculados a delitos de alta peligrosidad. La corrupción no es un accidente; es un sistema que perforó la estructura del Verde Olivo.
A esta degradación ética se suma una precariedad material difícil de justificar. Los salarios policiales están por debajo del promedio social y muy lejos de estándares regionales. Muchos efectivos deben comprar sus armas, uniformes y equipos básicos. Esa combinación de bajos ingresos, exigencias extremas y carencias logísticas crea un terreno fértil para la extorsión y el abuso. No puede haber seguridad pública sostenible si quienes la garantizan viven en condiciones indignas.
La discusión institucional tampoco puede eludir el problema del diseño centralista. Un mando único es necesario, pero la formación policial no debería seguir concentrada exclusivamente en la sede de gobierno. Pensar en academias y escuelas básicas en regiones como Santa Cruz o Cochabamba permitiría policías mejor preparados, con conocimiento real de la geografía, la cultura y la dinámica social de los lugares donde sirven. Centralizarlo todo ha sido ineficiente y, a la larga, contraproducente.
La meritocracia es otro eje ineludible. Durante años, los ascensos al generalato estuvieron contaminados por el lobby político, las recomendaciones y los favores. Coroneles obligados a peregrinar por despachos parlamentarios para asegurar una promoción explican, en buena medida, la pérdida de autoridad interna y el descrédito externo. Profesionalizar la carrera policial exige reglas claras, evaluaciones técnicas y ascensos basados en méritos, no en padrinazgos.
Más complejo aún es el desafío de eliminar la injerencia política. La subordinación administrativa al Ministerio de Gobierno derivó en presiones indebidas, manipulación del mando y un uso discrecional de las recaudaciones policiales. Romper ese vínculo perverso parece una misión difícil, pero es condición indispensable para cualquier reforma creíble. Sin autonomía operativa y controles externos efectivos, la Policía seguirá siendo rehén del poder de turno.
Bolivia ya transitó el primer cuarto del siglo XXI con una Policía diseñada para otro siglo. Reformarla no es atacar a la institución, sino rescatarla. Es devolverle dignidad, profesionalismo y confianza social. Postergar esta decisión sería condenar al país a convivir con la inseguridad y la descomposición. Asumirla, en cambio, es una obligación histórica del Estado.
El debate debe involucrar a la Asamblea, al Ejecutivo, a la justicia y a la sociedad civil, con metas medibles, plazos y financiamiento transparente. La reforma requiere liderazgo político, control ciudadano y cooperación internacional. También demanda respeto a los derechos humanos y reglas claras sobre el uso de la fuerza. Sin consensos amplios, presupuesto suficiente y evaluación permanente, cualquier plan será retórico y frágil. Hoy, mañana y siempre, la seguridad democrática depende de decisiones valientes y responsables.