La mejor forma de resolver una crisis es prevenirla. Así reza un recurrido adagio del ámbito empresarial. Sin embargo, y en la práctica real, pocas veces se proyectan escenarios de crisis para poder prevenirlos adecuadamente. Basta considerar, como ejemplo, los simulacros de incendio que se realizan en empresas; o aquellos que se hacen a nivel más institucional –como cuando se prepara una cumbre internacional y se trabajan este tipo de situaciones– para darse cuenta de las deficiencias y, ante todo, las excusas que se colocan para justificar los errores.
En el último año, Bolivia ha sufrido diversas riadas trágicas. La mazamorra que conlleva este tipo de desbordes violentos de los cauces se han cobrado varias vidas. Ocurrió en Bajo Llojeta (La Paz), en el trópico de Cochabamba y en Tarija, en Tipuani, y los más recientes en La Asunta (La Paz) y Samaipata (Santa Cruz). En todos ellos, el furioso turbión se cobró vidas inocentes y destruyó el sueño de miles de familias.
Los incendios forestales son el otro foco de desastre que año a año activa los raquíticos equipos de emergencia que dispone el Estados –en sus diversos niveles de gobierno– para atender a la población.
A pesar de ver estas escenas repetidas una y otra vez, no se han asumido acciones efectivas para evitar que se repitan. Bueno, en honor a la verdad, alguna vez se tomaron decisiones y acciones, como aquella vez, en marzo de 2024, que dinamitaron parte del cauce del río Grande para desviar su curso y evitar nuevas inundaciones en Montero Hoyos. O aquella otra que se bombardeó las nubes para provocar lluvias en las regiones afectadas por los incendios.
De proyectar, de planificar y de equipar unidades de trabajo para anticipar o actuar con inmediatez antes estos desastres naturales, muy poco. Quizá, como un intento de mostrar el camino a seguir, se puede mencionar al grupo de instructores bomberos de la Gobernación de Santa Cruz que, al menos este año, han trabajado en campo para activar las alertas tempranas y guiar los primeros equipos en esas tareas.
Lo ocurrido hace dos semanas en Samaipata refleja claramente la improvisación en la que se maneja la respuesta ante este tipo de circunstancias. La previsión de lluvias había alertado sobre la intensidad de las mismas. El descuido y la falta de control en los atajados irregulares que se han armado en las laderas del monte hicieron lo suyo para alimentar la mortal mazamorra. La carencia de expertos para ordenar el trabajo y priorizar las acciones de rescate, sobre todo cuando se trata de encontrar a desaparecidos, hace el resto.
Es cierto que la solidaridad de la población alivia, en gran parte, las primeras necesidades. Nunca nos cansaremos de agradecer ese espíritu generoso y solidario que se activa automáticamente ante la emergencia. Lo que se echa en falta son equipos profesionales preparados y equipados adecuadamente para intervenir de manera inmediata –y efectiva- ante los desastres.
Es más, se podría pensar en intervenciones preventivas tal y como ocurre en otros países. Identificar las zonas en riesgo de inundación o derrumbe, conocer a los habitantes de la zona y registrarlos en un sistema de alerta temprana que les informe adecuadamente de las lluvias para que puedan prepararse, y educar a la población para que actúe inmediata y responsablemente cuando se produce la alarma. Se logró en Japón con las alertas de tsunami, en México con los terremotos, en España con la Agemet y en Estados Unidos con los tornados.
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