El debate sobre el desmontaje del denominado “Estado tranca” ya no es una consigna política ni un recurso retórico de coyuntura. Es una discusión estructural que interpela al país y que obliga a revisar, con serenidad y rigor, el andamiaje político y legal construido durante casi dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo. El concepto, acuñado por Rodrigo Paz, describe con precisión un modelo de Estado que, desde la propia Constitución Política, fue mucho más allá de los principios doctrinales que suelen orientar una carta magna y avanzó hacia una regulación exhaustiva y omnipresente de la vida económica, social e institucional.
Ese Estado tranca se expresó en normas que fijaron un modelo económico único, con adjetivos ideológicos que pretendían clausurar el debate; en un sistema de designación de autoridades electorales y judiciales fuertemente politizado; en una estructura educativa rígida; y en una sobrerrepresentación discursiva de los derechos de la Madre Tierra que, en la práctica, fueron vulnerados de manera sistemática, principalmente durante las gestiones de Evo Morales y luego de Luis Arce. El contraste entre el discurso y los hechos terminó por vaciar de contenido principios ancestrales como ama sua, ama llulla y ama kella, invocados con solemnidad pero ignorados en el ejercicio cotidiano del poder.
El problema de fondo es que ese modelo no solo fue político, sino profundamente jurídico. A lo largo de los años se consolidó una maraña normativa que convirtió lo que debía ser soporte legal en una verdadera camisa de fuerza. De ahí que cambiar esquemas resulte hoy extraordinariamente complejo. La ciudadanía exige respuestas rápidas y decisiones firmes, pero cualquier intento de reforma tropieza con un entramado legal diseñado, precisamente, para inmovilizar al Estado y preservar el statu quo. No se trata de falta de voluntad, sino de límites estructurales impuestos por el propio sistema.
Frente a ese escenario, el primer paso ineludible es la construcción de consensos amplios para una reforma constitucional seria, responsable y urgente. No se trata de restaurar la República ni de alimentar nostalgias selectivas por el pasado. El desafío es modernizar las normas, desmontar prejuicios ideológicos y devolverle funcionalidad al Estado. Como ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente Rodrigo Paz Pereira, con la ideología no se come, y persistir en dogmas que ya demostraron su fracaso solo prolonga la parálisis.
En ese proceso, la reforma judicial ocupa un lugar central e impostergable. No habrá desmontaje del Estado tranca mientras la justicia siga atrapada en lógicas de subordinación política, ineficiencia y descrédito. Sin un sistema judicial independiente, profesional y confiable, cualquier reforma constitucional corre el riesgo de quedarse en el papel y reproducir los vicios que se pretende erradicar.
La responsabilidad recae, en gran medida, sobre las fuerzas políticas con representación parlamentaria. La Asamblea Legislativa está llamada a protagonizar un trabajo serio, desprendido y técnicamente sólido, con sustento jurídico y académico. La pregunta es si estará a la altura de ese desafío histórico. Las primeras señales muestran un panorama desigual: conviven parlamentarios con vocación institucional y capacidad técnica con una persistente dosis de demagogia y una preocupante falta de consecuencia política. A ello se suma la ausencia de un vicepresidente serio, responsable y adecuadamente preparado, un factor que debilita la conducción política en un momento clave.
Pese a todo, Bolivia no puede resignarse a que el Estado tranca siga imponiendo frenos al futuro. El país enfrenta una oportunidad histórica para desmontar inercias, recuperar el sentido práctico de la política y construir un Estado que deje de estorbar y vuelva a servir a la sociedad.