El gabinete ministerial de Luis Arce Catacora pone punto final a su gestión este miércoles, cerrando un capítulo que muchos bolivianos preferirán dejar en el olvido. Lo que comenzó hace cinco años, en un contexto de pospandemia y de desencanto ciudadano con el gobierno transitorio de entonces, llegó con buenos augurios técnicos y políticos. Gran parte de la población apostó por el retorno del masismo con la esperanza de recuperar la estabilidad económica que el país vivió en la era de bonanza de Evo Morales. La figura de Arce, recordado como ministro de Economía de ese periodo, generó confianza en que su gestión replicaría aquel “éxito”.
Sin embargo, esas expectativas se desvanecieron pronto. En lugar de encarar la reconstrucción económica con criterios técnicos de mediano y largo plazo, Arce optó por un enfoque político e ideológico que reeditó los rasgos más centralistas del pasado. Se rodeó de ministros alineados con esa visión dogmática, cuando lo que el país necesitaba era reactivar su aparato productivo, gravemente afectado por los efectos de la pandemia.
Durante los primeros años, los discursos oficiales exhibían cifras alentadoras: baja inflación, crecimiento moderado y estabilidad aparente. Los ministros del área económica sostenían que Bolivia tenía una economía “blindada” y que era un modelo digno de imitar. Sin embargo, los datos ocultaban una realidad más frágil: el déficit fiscal creciente y una inversión pública sobredimensionada maquillaban un deterioro estructural que, con el tiempo, se hizo insostenible.
El llamado “modelo productivo comunitario” terminó siendo, en la práctica, un esquema clientelar y poco transparente. Los grandes beneficiados fueron los sectores afines al partido de gobierno y funcionarios que se aprovecharon de los millonarios proyectos estatales. Los frecuentes cambios de ministros y de autoridades intermedias respondieron, en la mayoría de los casos, a denuncias de corrupción antes que a evaluaciones técnicas de desempeño.
Mientras tanto, los ministros llamados a trabajar de cerca con los sectores productivos ignoraron sus advertencias y necesidades. En lugar de diálogo, impusieron trabas y restricciones —incluidas las exportaciones—, mientras las empresas estatales acumulaban pérdidas y mantenían prácticas opacas. Para los emprendedores privados, pequeños o grandes, el Estado se convirtió en un competidor desleal, no en un aliado.
Con las arcas públicas vacías, la caída de las Reservas Internacionales y la escasez de divisas, el modelo comenzó a colapsar. Los parches y medidas paliativas no lograron contener una crisis que derivó en la escasez de combustibles, la devaluación del boliviano en el mercado paralelo y la inflación más alta en más de tres décadas.
A ello se sumó la crisis política que fracturó al oficialismo en facciones y derivó en un bloqueo legislativo permanente. La falta de cohesión interna y de liderazgo agravó el desgobierno. En los hechos, la segunda mitad del quinquenio de Arce quedará registrada como una de las más ineficientes de la historia democrática reciente.
Casi todas las carteras ministeriales fallaron en su misión más básica: articular con sus sectores, abrir el diálogo y coordinar políticas públicas efectivas. Ni siquiera lograron acuerdos internos para aprobar créditos o medidas que aliviasen la crisis. El país quedó sin rumbo, sin confianza y sin certidumbre.
Hoy, los colaboradores de Arce dejan el cargo sin logros relevantes y con una herencia económica y política que pesará sobre el futuro inmediato. Su gestión deja, al menos, una lección clara: un gobierno sin transparencia, sin apertura, sin criterio técnico ni institucionalidad está condenado a repetir los errores del pasado.