La presentación de un proyecto de ley antibloqueo para su consideración en el Parlamento nacional responde a una realidad que Bolivia arrastra desde hace años largos: la normalización del corte de carreteras como un mecanismo de presión política y social, con consecuencias cada vez más graves para la ciudadanía y la economía. Los bloqueos no solo vulneran el derecho constitucional a la libre transitabilidad, sino que afectan de manera directa el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, paralizan la producción, encarecen los precios y generan millonarias pérdidas para pequeños, medianos y grandes productores.
Si bien la protesta social es un derecho legítimo en una democracia, este no puede ejercerse a costa de otros derechos fundamentales ni convertirse en una herramienta de chantaje colectivo. Cuando un bloqueo impide que un enfermo llegue a un hospital, que un productor saque su cosecha o que un trabajador cumpla su jornada, deja de ser protesta y se transforma en un acto de daño social.
Por ello, resulta necesario establecer un marco legal claro que penalice los bloqueos y sancione con firmeza a sus autores y responsables, diferenciando la protesta pacífica de acciones que afectan gravemente al interés público. Una ley antibloqueo no busca silenciar demandas, sino garantizar que estas se canalicen por vías institucionales y pacíficas. Fortalecer el Estado de derecho implica proteger tanto la libertad de expresión como el derecho de la mayoría a vivir, trabajar y circular sin ser rehén de conflictos recurrentes. Bolivia ya no puede seguir siendo visto y considerado como un ‘país tranca’ en el vecindario continental.
¿Quiere recibir notificaciones de alertas?