La recurrencia de los denominados “ajustes de cuentas” vuelve a encender señales de alarma en el país. Durante el mes de enero, dos personas fueron asesinadas con extrema violencia en hechos que, por su modalidad y saña, remiten inevitablemente a prácticas propias del crimen organizado. Uno de los casos resulta aún más inquietante porque la víctima, de nacionalidad brasileña, había llegado poco antes desde su país por vía terrestre a Santa Cruz, lo que refuerza la hipótesis de vínculos transnacionales detrás de estos crímenes.
No se trata de hechos aislados ni de simples disputas personales. La ejecución a sangre fría, el uso de armas de alto poder y la precisión de los ataques apuntan a la posible presencia de sicarios, una figura cada vez más asociada a la expansión del narcotráfico en la región. Cuando este tipo de violencia se vuelve recurrente, es posible concluir que existen estructuras criminales que operan con logística, financiamiento y una preocupante sensación de impunidad.
Bolivia no puede permitirse normalizar estos episodios ni relativizar su gravedad. La percepción internacional de un eventual “narcoestado” no surge de la nada; se alimenta precisamente de hechos como estos, de la falta de esclarecimiento oportuno y de respuestas estatales que muchas veces parecen insuficientes. Combatir el narcotráfico y sus ramificaciones no debería ser solo un eslogan político, sino una política de Estado firme, sostenida y transparente. El Gobierno tiene la responsabilidad ineludible de actuar con la mayor determinación posible, fortaleciendo la inteligencia policial, la cooperación internacional y el sistema judicial. Solo así será posible cortar de raíz la influencia del crimen organizado, devolver la seguridad a la ciudadanía y desmontar una etiqueta que afecta gravemente la imagen y el futuro del país.
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