El uso abusivo de bienes públicos durante los procesos electorales refleja una preocupante y lamentable falta de respeto por las normas y por la ciudadanía. En las recientes elecciones nacionales y subnacionales, fue evidente cómo varios candidatos y sus organizaciones políticas hicieron un uso indiscriminado del espacio público, especialmente mediante la colocación presumiblemente no autorizada de banderas y distintivos en los postes de alumbrado, avenidas y rotondas, a la par de gigantografías, afiches y pancartas sobre edificios, muros y hasta árboles de parques y jardines.
Lo ocurrido en las principales vías de Santa Cruz de la Sierra es un ejemplo claro de esta práctica. Las calles y avenidas que deberían mantenerse neutrales y al servicio de todos, fueron convertidas en vitrinas partidarias sin regulación visible ni control efectivo por las autoridades competentes. Esta invasión visual no solo afecta la estética urbana y representa irrespeto por la ciudad y la convivencia en comunidad, sino que también transmite la idea de que las normas pueden ser ignoradas cuando conviene a intereses políticos.
Aun más preocupante es que, pasada la jornada electoral, muchas de estas banderas y otros distintivos permanecen en el lugar, evidenciando desinterés por quienes las colocaron. Este abandono no solo genera contaminación visual, sino que también puede derivar en problemas ambientales y de mantenimiento urbano, cuyos costos terminan siendo asumidos por la población.
La democracia no se fortalece únicamente en las urnas, sino también en el respeto a las reglas y al espacio común. El uso responsable de los bienes públicos debería ser una muestra mínima de compromiso cívico por quienes aspiran a gobernar. De lo contrario, se instala una inadmisible normalización del abuso, la arbitrariedad y la impunidad.
(*) El autor es presidente del Consejo Editorial