La extensa red de fronteras de Bolivia -más de 7.400 kilómetros compartidos con Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Chile- ha sido históricamente permeable. Factores geográficos como la Amazonía, el Chaco y el altiplano, junto con limitaciones logísticas del Estado, han facilitado el tránsito irregular de personas y mercancías. Esta realidad contrasta con medidas más duras adoptadas por países vecinos. Un ejemplo es el Plan Escudo Fronterizo de Chile, impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, que incluye zanjas, muros elevados y presencia militar para contener la inmigración irregular desde Perú y Bolivia. La presión migratoria es significativa. Suman más de 330.000 las personas que viven en situación irregular en Chile.
Para Bolivia, el desafío es doble. Por un lado, debe proteger su soberanía y combatir delitos transnacionales como el contrabando, la trata de personas y el narcotráfico. Por otro, debe hacerlo sin perder de vista la integración regional y los derechos humanos. Esto implica invertir en tecnología de vigilancia -drones, sensores y sistemas de monitoreo satelital-, fortalecer a la Policía y a las unidades militares de frontera, amén de desarrollar infraestructura fronteriza básica donde hoy apenas existen pequeños puestos de control.
En síntesis, nuestro país necesita pasar de una frontera abierta por ausencia del Estado a otra gestionada inteligentemente. No se trata solo de levantar barreras físicas, sino de construir capacidad institucional para saber quién entra, quién sale y qué circula por el territorio nacional. Solo así se podrá equilibrar una necesaria seguridad interna, movilidad y cooperación regional.
(*) El autor es presidente del Consejo Editorial