Tomando como fuente al Ministerio de Hidrocarburos, la nómina de once trabajadores de YPFB declarados en comisión sindical y que divulgó el colega matutino Los Tiempos, vuelve a poner sobre el tapete un debate incómodo pero necesario sobre el uso y el sentido de este beneficio. No se trata de desconocer la legitimidad de los ‘comisionados’ y su actividad ni de negar que la comisión sindical sea un derecho conquistado por los trabajadores. El problema surge cuando ese derecho, concebido como una excepción temporal para la representación laboral, se transforma en un privilegio permanente y difícil de justificar ante la realidad económica del país.
Los datos son elocuentes. Salarios que oscilan entre los Bs 21.000 y 40.500 mensuales y permanencias en comisión sindical que van de tres a trece años. En un contexto de crisis, ajustes presupuestarios y crecientes demandas sociales insatisfechas, resulta inadmisible que se mantengan esquemas que, en la práctica, desconectan la función productiva del salario y del principio de equidad en una empresa estatal estratégica.
La comisión sindical no debería ser un refugio indefinido ni una carrera paralela sostenida con los recursos públicos. Su razón de ser es coyuntural para defender derechos, negociar condiciones laborales y canalizar conflictos. Cuando se prolonga por años, se desvirtúa su esencia y se erosiona la credibilidad del sindicalismo, alimentando la percepción de que algunos pocos se benefician mientras la mayoría enfrenta sacrificios. Revisar estos casos no es atacar a los sindicatos, sino fortalecerlos, devolviéndoles coherencia ética y legitimidad social.
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