El Ministerio Público reconoce 38 infanticidios durante la gestión 2022. En ese mismo año, se registró un promedio diario de 110 casos de violencia psicológica, física o sexual en contra de menores. Las niñas, niños y adolescentes se han convertido en un sector de la población que sufre una constante vulneración de sus derechos. La restitución de los mismos, se vuelve un camino cuesta arriba. Consuelo Torrez, abogada experta en temas de niñez y adolescencia, asegura que el sistema de protección integral de los niños y niñas ha establecido, aunque con muchas falencias, una ruta crítica de atención a este sector vulnerable de la sociedad. Torrez, que se desempeña como docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, marce el primer paso de esta ruta crítica. Para ella, el inicio pasa por poner en conocimiento de la instancia de protección la vulneración de derechos de ese menor. “La denuncia puede ser verbal o escrita. Si bien por los usos y costumbres y la idiosincrasia jurídica siempre se reciben las denuncias de infracción de manera escrita, podemos hacerla de manera verbal. Simplemente es accionar el sistema de protección que debe ser sumarísima y rápida por el principio de celeridad (…)”, afirma la abogada. Lamentablemente, las partes presentan recursos, los jueces no tienen experiencia. Ahí empieza a dilatarse y esta ruta crítica presenta varios vacíos que dejan, nuevamente, en situación de vulnerabilidad a las víctimas de violencia. Ley 548 responde a necesidades actuales de la sociedad El Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N° 548) establece plazos procedimentales para la protección y defensa de los derechos de los niños. Sin embargo, no se cumplen. Las irregularidades en los procesos dilatan los mismos e impiden ejercer una justicia pronta. Las partes presentan incidentes, no van a las audiencias, las instancias de protección no llegan, se suspenden las audiencias o las agendas de los equipos interdisciplinarios están congestionadas, entre otros factores. “Por el paso del tiempo, muchas veces los niños, que tienen una gran capacidad de resiliencia, incluso olvidan el daño emocional que han sufrido. Otras veces los jueces sacan vacaciones o permisos y se van dilatando los procesos (…)”, complementa. La tipología más recurrente de infracciones contra niñas, niños y adolescentes es la violencia psicológica. Luego viene la violencia física y no muy lejos la violencia sexual. La utilización de niños en conflictos de adultos, por ejemplo, en los casos de divorcios y demandas de guarda también son consideradas una forma de violencia. Débil cultura de respeto a los niños Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Bolivia, la cultura de respeto por los derechos de los niños y niñas es débil. A consecuencia de este desconocimiento, las causas de la violencia suelen ignorarse o justificarse. “La vida cotidiana refleja la percepción de los niños como objetos y no como titulares de derechos humanos. La pobreza y los altos niveles de alcoholismo hacen que los niños vivan en entornos en los que son vulnerables y desprotegidos”, indicó el organismo internacional. En el país sólo se denuncia una fracción de los casos de violencia, abuso, abandono o explotación de niñas, niños y adolescentes. Los datos oficiales no reflejan la gravedad de una vida llena de violencia para ellos. Urge invertir en su protección a fin de prevenir daños psicológicos a largo plazo y, al mismo tiempo, garantizar que los niños, niñas y adolescentes estén seguros y desarrollen todo su potencial. Abordar las consecuencias de un niño que no tiene acceso a sistemas de protección sólidos, debido a la ruptura de la familia, la exclusión, la falta de un hogar, la mala salud física o mental y el abuso de sustancias es muy costoso y, tal vez, de consecuencias irreversibles para miles de niños que se encuentran en esta situación.
Muchos de los casos de violencia no son denunciados o registrados por el sistema