Rómulo no quiere saber de impuestos. Acaba de inactivar su Número de Identificación Tributaria (NIT) unipersonal, luego de tres años de pagar multas por más de Bs 8.000 al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). “Eso no es nada, he visto gente que ha pagado multas de 20, hasta 50 mil bolivianos”, le expresó un ‘tramitador’ que vive de hacer diligencias, cerca de las oficinas del SIN, en la calle Sucre, en la ciudad de Santa Cruz. Los entendidos en la materia afirman que una de las razones para que el universo de contribuyentes sea tan pequeño en Bolivia es por la alta presión tributaria sobre pocos, además que el sistema de multas y de coerción impositiva es muy fuerte. Esto se demuestra por el lánguido crecimiento del padrón del SIN, que en tres años apenas creció un promedio de 4,2%. A diciembre de 2022, el SIN contaba con 465.781 contribuyentes, un 5,3% más con relación a 2021. Si se observa en los años anteriores, el incremento fue incluso menor. Entre 2020 y 2021 fue de 3,2% y entre 2019 y 2020 hubo un retroceso de -4,8% (gráfico). En cuanto a las recaudaciones en el mercado interno, según datos del SIN, en 2020 se tuvo Bs 24.225 millones, en 2021 Bs 27.565 millones y en 2022 Bs 32.239 millones. El pasado viernes la entidad recaudadora informó que en 2023 llegó a Bs 32.400 millones, un crecimiento del 0,5% respecto del monto cobrado en 2022. EL DEBER solicitó al SIN los datos actualizados sobre el padrón, recaudaciones y otros aspectos, pero hasta el cierre de la presente entrega, no se obtuvo una respuesta al cuestionario. Algunas realidades Para el analista de Presupuestos Públicos de la Fundación Jubileo, René Martínez, los contribuyentes e ingresos tributarios en Bolivia deberían crecer constantemente, a medida que crecen la economía y la población. “Esto se ha estancado de 2015 para adelante. El año de la pandemia hubo una recesión por la paralización de actividades, pero si luego vemos 2022, es bastante parecido al 2015. Esto responde al movimiento económico y otros factores como la cultura tributaria que hay en la población, depende de que haya señales claras en la administración del sistema tributario”, expresó. Al mismo tiempo, Martínez identificó una de las fallas más contradictorias del SIN, aunque está relacionada con las apuestas políticas del Gobierno, que se traduce en no cobrar impuestos a sectores como los comerciantes, que se esconden en el Régimen Tributario Simplificado: “Están evadiendo impuestos, no dan factura, y no son pequeños agentes económicos, sino manejan grandes capitales y tienen grandes ganancias”. Por su parte, el analista económico Antonio Saravia señaló que a pesar de que el Ministerio de Economía haya anunciado una recaudación récord en 2023 -incluyendo impuestos- de Bs 60.000 millones, la cifra representa una pesada carga sobre los hombros de un pequeño sector formal de la economía, ya que el 85% de la economía boliviana es informal y no paga impuestos. “La alta cifra del 2023 representa un estrangulamiento al sector privado del país, con lo que se desincentiva la producción, la exportación y la creación de empleo”, aseveró. El economista apuntó que Bolivia está en el puesto 186 de 189 países en el ranking de facilidad de pagar impuestos, de acuerdo con datos de la consultora Price Waterhouse Coopers. “En promedio, a una empresa le toma 1.025 días tramitar el pago de sus impuestos. Esto es simplemente inaceptable, además de todas las regulaciones que las empresas enfrentan, como controles de precios, cupos a la exportación, estricta regulación laboral; además, éstas deben enfrentar un mar de burocracia para cumplir la ley impositiva”, subrayó Saravia. Retroceso El experto en economía, Darío Monasterio, fue más allá al profundizar que los históricos desincentivos del sistema tributario boliviano alientan la informalidad, lo que genera un retroceso en materia impositiva. “Es la política de distorsiones a la economía, con impuestos sobre impuestos y la dificultad en tener un sistema claro, con tributos planos, bajos y universales para todos. Es lo que nos está llevando a, cada vez, tener menores cantidades de empresas formales que sean las que paguen impuestos”, calificó Monasterio. En ese sentido, el analista indicó que, de acuerdo a los distintos rankings internacionales, Bolivia es el segundo país en el mundo, después de Argentina, con la carga tributaria más alta del mundo. “Por eso es más fácil estar afuera que adentro del sistema (tributario) y el incentivo es estar afuera”, agregó Monasterio. Para la presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, lamentablemente, la legislación vigente en Bolivia está totalmente desfasada y se tiene que cambiar no solo el sistema tributario, sino realizar una revisión y modificación en la Ley Laboral y Código de Comercio para beneficio de los agentes económicos. “La mayoría de los emprendimientos no se registran en el sistema impositivo, dado que todos se someten al pago sin considerar el tamaño de las mismas o considerar incentivar para que puedan reinvertir sus utilidades contribuyendo al crecimiento, generación de empleo y la economía”, opinó. Al mismo tiempo, Pacheco detalló que las nuevas empresas y emprendimientos deben siempre realizar un análisis de costos para medir la relación que existe entre los costos de un proyecto y los beneficios que otorga, un margen de ganancias que indique la rentabilidad de un producto, servicio o negocio y determinar los precios finales para el consumidor considerando esta carga impositiva. Propuestas La Fundación Milenio propuso, la semana pasada, un anteproyecto de Ley de Fomento a la Inversión Privada, en el que plantea crear un régimen de incentivos tributarios, financieros, administrativos, laborales y migratorios para las inversiones privadas, entre los cuales destacan la reducción del 50% del Impuesto a las Utilidades, la exención del 100% del Impuesto a las Transacciones y del 50% de cualquier impuesto a la remesa de utilidades al exterior, para las nuevas inversiones en el país, en efectivo o en volúmenes de exportación superiores a $us 5 millones. Antonio Saravia sugirió que el número de contribuyentes aumente formalizando a los informales. “Pero esto solo pasará si le hacemos la vida más fácil a toda esta gente en el mundo formal. Esto significa bajar impuestos de forma considerable y hacer más fácil su pago, eliminar regulaciones en el mercado laboral, remover el control de precios y los cupos de exportación”, agregó. Claudia Pacheco sostuvo que se debería aplicar una alícuota impositiva de acuerdo a rangos de utilidades para las empresas, considerando proporcionalmente el tamaño de las mismas, diferenciando el porcentaje e incentivando a que todas estén registradas en el sistema impositivo. Bolivia, con alta presión tributaria Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la recaudación tributaria como porcentaje del PIB de Bolivia aumentó en 0,5 puntos porcentuales, del 22,2% en 2020 al 22,6% en 2021. En comparación, el promedio de América Latina y Caribe (ALC) aumentó en 0,8 puntos porcentuales entre 2020 y 2021. Durante un período más largo, el promedio de ALC aumentó en 4,6 puntos porcentuales de 17,1% en 2000 a 21,7% en 2021, mientras que el ratio de impuestos/PIB de Bolivia aumentó en 5 puntos porcentuales, de 17,6% a 22,6%. Desde 2000, el ratio de impuestos/PIB más alto de Bolivia fue 29,5% en 2015, y el más bajo fue 16,3% en 2003. La OCDE precisó que la mayor parte de los ingresos tributarios de Bolivia en 2021 procedió del impuesto sobre el valor agregado/impuesto sobre bienes y servicios (30,4%). La segunda mayor proporción de los ingresos tributarios en 2021 se derivó de cotizaciones a la seguridad social (26,6%). Bolivia está entre los países con mayor presión fiscal del ranking mundial, ocupa el puesto número 71 (2022). También llamada presión tributaria, es el total de impuestos que recauda el sector público de un país respecto al PIB. Este indicador, sin embargo, no brinda detalles de cómo está distribuida la carga impositiva. Los economistas explican que el desequilibrio en las cuentas fiscales justificaría la necesidad de una mayor presión tributaria para proteger la inversión pública y atender los gastos corrientes, con el desafío de acortar al mínimo los efectos distorsivos de los impuestos, sobre todo el impacto negativo sobre la economía.
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