La toma pacífica y vigilia en las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en la ciudad de Santa Cruz, se fortaleció esta tarde con la adhesión de comunidades indígenas chiquitanas, que denunciaron avasallamientos sistemáticos, destrucción de viviendas, daño ambiental y una presunta protección institucional a favor de grupos interculturales y organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Desde el lugar de la protesta, Giseli Cuéllar, cacique de la comunidad indígena chiquitana Pailloncito, afirmó que su pueblo sufre atropellos desde 2018 por parte de comunidades de las denominadas Bartolinas Sisa 1, 2 y 3 que, según dijo, se encuentran sobrepuestas ilegalmente sobre su territorio ancestral.
“Nosotros hemos venido sufriendo abusos y violencia desde hace años. Han destruido nuestras chozas, nuestras casas, y nadie nos escucha. Somos nacidos y criados ancestralmente en esas tierras, como lo reconoce el artículo 2 de la Constitución”, sostuvo la dirigente indígena, visiblemente afectada.
Cuéllar recordó que el 27 de diciembre de 2024, un contingente policial, acompañado por integrantes de estas organizaciones, derribó viviendas en su comunidad, dejándolos sin posibilidad de celebrar las fiestas de fin de año. “Nos sentimos como extraños en nuestro propio municipio. Las autoridades municipales hacen caso a estas organizaciones y no a los pueblos indígenas”, denunció.
La cacique también expresó su solidaridad con Ricardo Peña, líder chiquitano de 76 años brutalmente agredido recientemente, y recordó que él fue uno de los principales impulsores de las marchas chiquitanas de 2021 y 2024, que caminaron desde San José de Chiquitos y Paillón hasta la plaza 24 de Septiembre, exigiendo freno a los avasallamientos, protección de los bosques y acciones contra los incendios forestales.
“Las Bartolinas ya no son Bartolinas, son traficantes de tierras. En mi propiedad ya hay tres ‘dueños’ impuestos. No respetaron ni la flora ni la fauna. Por culpa de estos avasallamientos hoy hay comunidades que se han quedado sin agua”, afirmó Cuéllar, al relatar la destrucción de una zona acuífera en su predio, lo que redujo drásticamente el caudal de agua para poblaciones cercanas.
Cívicos exigen cambios inmediatos
Uno de los principales reclamos de los movilizados es justicia para el cacique chiquitano Ricardo Peña, quien fue brutalmente agredido en el municipio de San José de Chiquitos. De acuerdo con su testimonio, fue atacado por dos interculturales cuando retornaba a su domicilio, hecho que le provocó fractura abierta en un brazo y la rotura de ambas muñecas, además de lesiones en el cuello.
“Me tumbaron por detrás, quedé inconsciente. Casi me matan”, relató Peña, quien fue auxiliado por su familia y trasladado de emergencia a un hospital en la capital cruceña, donde fue sometido a una cirugía. Sus familiares denunciaron que, por falta de recursos económicos, el adulto mayor aún requiere nuevas intervenciones médicas.
Sobre este caso, la diputada cruceña del Partido Demócrata Cristiano, Patricia Patiño, respaldó la toma pacífica del INRA como una medida de protesta legítima y exhortó al Ministerio Público a investigar con celeridad la agresión para establecer responsabilidades conforme a ley.
La protesta también cuenta con el respaldo del Comité pro Santa Cruz. Su presidente, Stello Cochamanidis, calificó de “lamentable y vergonzoso” que continúen los avasallamientos y que, a su criterio, funcionarios identificados con el MAS sigan controlando el INRA.
“Durante 20 años desde esta institución se planificaron y ejecutaron los avasallamientos. Hoy tenemos un nuevo gobierno y seguimos con la misma gente. Eso no es permisible”, afirmó Cochamanidis, quien exigió una auditoría integral al INRA y la destitución inmediata de autoridades que —según dijo— permitieron el despojo de tierras en Santa Cruz.
El líder cívico también demandó una actuación urgente del Ministerio Público para sancionar a los responsables de la agresión contra el cacique Peña. “La Fiscalía tiene que actuar de inmediato. No puede haber impunidad. Los responsables deben ir a la cárcel”, enfatizó.
Cochamanidis confirmó que la vigilia se mantendrá al menos 48 horas, plazo en el que esperan una respuesta concreta del Gobierno nacional. Caso contrario, advirtió que se convocarán reuniones para definir nuevas medidas de presión, en respaldo a las comunidades indígenas y propietarios afectados.
Mientras tanto, comunarios, cívicos y ciudadanos mantienen la protesta en el INRA, exigiendo respeto a los territorios ancestrales, el fin de los avasallamientos y una reestructuración profunda de la institución agraria en Santa Cruz.