La agresión sufrida por el cacique chiquitano Ricardo Peña Rojas (76) en el municipio de San José de Chiquitos escaló a un conflicto de alcance regional, luego de que autoridades indígenas, cívicas y comunales aprobaran una resolución de emergencia que repudia la violencia, exige una auditoría del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otorga un plazo de 48 horas a las autoridades nacionales para que se hagan presentes en la zona.
Peña, autoridad ancestral y líder de la Central de Comunidades Campesinas Originarias de San José, fue brutalmente golpeado por la espalda cuando retornaba a su comunidad Virgen de Urkupiña, tras inspeccionar su parcela agrícola. Producto del ataque, sufrió fractura abierta en un brazo, rotura de ambas muñecas, lesiones en las costillas y tuvo que ser sometido este lunes a una segunda cirugía en el hospital San Juan de Dios, en la capital cruceña. Su familia lamentó que la atención médica integral se ve limitada por falta de recursos económicos.
Resolución indígena
Tras una reunión de emergencia realizada en la Casa del Bastón, el cacique general del Cabildo Indígena de San José de Chiquitos, Ernesto Barba, informó que el encuentro congregó a autoridades originarias, corregidores, dirigentes cívicos, representantes institucionales y familiares del herido, ante la gravedad del hecho ocurrido entre las comunidades Virgen de Urkupiña y Primero de Mayo, en una zona marcada por sobreposición de tierras.
“Este no es un hecho aislado. Nuestro hermano Ricardo Peña ha sido masacrado, apaleado, hoy está en una segunda cirugía. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir”, afirmó Barba, al remarcar que existen antecedentes de conflictos territoriales no resueltos desde 2022, cuando ya se había emitido una resolución indígena que —según denunció— no fue atendida por el INRA ni por las autoridades de turno.
La resolución aprobada por unanimidad establece tres puntos centrales:
1.- Repudio absoluto a la violencia y al avasallamiento en territorios indígenas.
2.- Exigencia al INRA para que realice una auditoría integral a todas las comunidades que cuentan con resoluciones de asentamiento en San José de Chiquitos, a fin de esclarecer cómo y bajo qué criterios fueron otorgadas.
3.- Plazo de 48 horas para que autoridades nacionales se trasladen al municipio y escuchen las demandas de las comunidades originarias.
Conflicto territorial
Barba advirtió que la situación genera profunda preocupación social, ya que —según dijo— “hoy es don Ricardo, mañana puede ser cualquier otro dirigente o comunario”, y anunció que las organizaciones indígenas harán seguimiento permanente a la investigación policial y a las respuestas del Estado.
El dirigente confirmó además el respaldo de la senadora Paola López, así como de otras autoridades que se sumaron al llamado de emergencia, con el objetivo de evitar que el caso quede en la impunidad.
Las organizaciones indígenas chiquitanas reiteraron su compromiso con la defensa pacífica del territorio, pero advirtieron que no tolerarán nuevos hechos de violencia en medio de disputas por la tierra. Exigen a la Policía Boliviana y al Ministerio Público una investigación rápida, transparente y sanciones para los responsables materiales e intelectuales de la agresión contra Ricardo Peña.
El caso permanece bajo investigación y se espera un informe oficial de la Policía en las próximas horas, mientras la salud del cacique continúa siendo delicada y la tensión crece en San José de Chiquitos, uno de los territorios indígenas más emblemáticos de la Chiquitania.