El conflicto comenzó el 27 de septiembre, cuando un grupo de unos 200 encapuchados armados ingresó de forma violenta al predio Patujú, propiedad de la familia Vaca Díez, en el municipio de Montero. Los invasores instalaron carpas, ollas comunes y casetas improvisadas. Según el fiscal Carlos Candia, se trató del “clásico loteamiento, el clásico avasallamiento”. Ese día, el propietario fue retenido.
Durante los días siguientes, la tensión aumentó. Las familias y trabajadores del predio denunciaron que no podían salir y que los avasalladores controlaban los accesos. La Policía visitó la zona dos veces junto a un fiscal, pero, según el alcalde de Montero, Regis Medina, “hicieron caso sordo” y los ocupantes permanecieron en el lugar.
El 3 de octubre, el gobernador Luis Fernando Camacho, junto a dirigentes cívicos y autoridades municipales, llegó al sitio para exigir el desalojo y auxiliar a las personas retenidas. “Había mujeres, niños y trabajadores privados de sus necesidades básicas”, relató Medina. Durante el intento de diálogo con los ocupantes, estalló la violencia: las autoridades fueron atacadas con piedras, palos y petardos. “No supe qué fue lo que me golpeó, pero después vi que era una piedra”, recordó el alcalde.
Camacho permaneció en el predio y difundió videos denunciando la situación y acusando a militantes del MAS. Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, calificó de “irresponsable” la presencia del gobernador, alegando que ya había un operativo en marcha. Horas después, un contingente de más de 500 efectivos y helicópteros del Servicio Aéreo Policial llegó al lugar, retomó el control del terreno y escoltó a la comitiva hasta su salida de Montero.
En la intervención se registraron cinco heridos. A ellos se suma el propietario Pablo Vaca Díez que fue liberado en horas de la mañana con heridas en el rostro y el cuerpo. También se aprehendió a siete personas. La Policía secuestró dos motocicletas, carpas, machetes, petardos y varias listas de aportes, elementos que la Fiscalía considera pruebas de una organización delictiva. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, informó que la investigación se abrió por avasallamiento, lesiones graves, privación de libertad y asociación delictuosa.
El retorno de la comitiva no estuvo exento de violencia. En el barrio 25 de Enero, el vehículo en el que viajaban los cívicos Stello Cochamanidis, Agustín Zambrana, Dino Franco y Luis Vaca fue emboscado con piedras. La Policía detuvo a dos personas por este hecho y mantuvo vigilancia para evitar nuevos intentos de ocupación.
El abogado de las víctimas, Álvaro La Torre, afirmó que entre los documentos secuestrados se hallaron cuadernos, sellos y listas con nombres, que probarían la existencia de una red vinculada a la compraventa ilegal de tierras. “Para que estos hechos no se repitan, se tiene que cortar la cabeza a la víbora”, declaró, en referencia a los cabecillas que habrían operado con información del INRA.
Mientras se aguarda la audiencia cautelar de los detenidos, la Fiscalía analiza los elementos probatorios y no descarta ampliar las pesquisas por legitimación de ganancias ilícitas.
La familia Vaca Díez exige justicia y garantías para volver a producir. “Queremos que estos hechos no se repitan”, dijo La Torre.