A más de dos décadas de la llegada al poder del Movimiento al Socialismo, el balance sobre la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) resulta completamente devastador. La empresa estratégica más importante del país, llamada a garantizar la soberanía energética y a liderar la exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos, se encuentra hoy erosionada por la corrupción, la ineficiencia y la pérdida de credibilidad institucional.
YPFB no es una empresa cualquiera. Constituye la columna vertebral de la economía nacional. De su desempeño dependen las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y buena parte del desarrollo regional. Sin embargo, en lugar de consolidarse como una corporación moderna, transparente y competitiva, fue convertida en un botín político. En una gigantesca agencia de empleos. La lógica de la militancia y la lealtad partidaria sustituyó progresivamente al mérito técnico y a la planificación estratégica de largo plazo.
Los escándalos recientes son apenas la punta del iceberg. La fuga del país de su último presidente, Armin Dorghaten, sin rendir cuentas ante la justicia ni ante la ciudadanía, refleja fielmente la crisis de responsabilidad que atraviesa Yacimientos. En cualquier empresa seria, pública o privada, la conducción ejecutiva asume las consecuencias de su gestión. Aquí, en cambio, la falta de transparencia y la evasión parecen haberse normalizado.
El caso Botrading profundiza la desconfianza. La detención preventiva de la exgerente Gabriela Delgadillo revela que las irregularidades no fueron hechos aislados, sino parte de un entramado que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía exige claridad sobre contratos, intermediaciones y posibles sobreprecios que habrían lesionado gravemente el patrimonio estatal.
A ello se suma el escándalo de la gasolina en mal estado, que afectó directamente a miles de consumidores en todo el territorio nacional. Vehículos dañados, gastos imprevistos y un sentimiento de indefensión generalizado configuran un cuadro alarmante. Cuando una empresa estatal no puede garantizar la calidad del combustible que distribuye, se vulnera no solo la confianza del usuario, sino la noción misma de seguridad energética. La cadena de responsabilidades técnicas y administrativas en este episodio sigue llena de cabos sueltos.
Pero el problema de fondo trasciende los casos judiciales. Bolivia enfrenta una caída sostenida en reservas y producción de gas, resultado de una insuficiente inversión en exploración y de decisiones erráticas en política energética. YPFB perdió dinamismo, competitividad y capacidad de asociación estratégica. Mientras otros países de la región modernizaron sus empresas estatales bajo estándares internacionales de gobernanza corporativa, aquí se optó por la concentración política y el control discrecional.
La reestructuración de YPFB no puede limitarse a cambios cosméticos. Se requiere una reforma profunda que abarque su marco institucional, sus mecanismos de contratación, sus sistemas de control interno y externo, y, sobre todo, su cultura organizacional. Es imprescindible blindarla frente a la injerencia partidaria, profesionalizar su planta ejecutiva y establecer criterios de transparencia comparables a los de las principales petroleras estatales del mundo.
Asimismo, el Legislativo y los órganos de fiscalización deben ejercer un control real y no meramente formal. La rendición de cuentas periódica, auditorías independientes y la publicación detallada de contratos y estados financieros deben convertirse en norma inquebrantable.
YPFB aún puede ser rescatada. Cuenta con recursos humanos valiosos y con un potencial energético que sigue siendo significativo. Pero el tiempo apremia. Sin una cirugía institucional profunda, la empresa estratégica del Estado corre el riesgo de convertirse en un símbolo más de oportunidades desperdiciadas. La reconstrucción de la confianza ciudadana exige verdad, justicia y una transformación estructural que marque un antes y un después en la historia de la principal empresa pública del país.