La Fiscalía reportó que más del 90% de los casos de feminicidio e infanticidio registrados en el primer semestre del año tienen a los autores plenamente identificados y sometidos a procesos penales, según informó este jueves el fiscal general Roger Mariaca Montenegro.
Durante los seis primeros meses de 2025, se contabilizaron 42 feminicidios y 12 infanticidios en el país. De esos, el 97,61% de los feminicidios y el 90,90% de los infanticidios ya tienen responsables individualizados e incluidos formalmente en procesos penales, detalló Mariaca.
“Aplicando el nuevo modelo de investigación estratégica que llevamos adelante, se ha logrado identificar a los responsables en la mayoría de los casos. En feminicidios, ya tenemos 11 con sentencia, 26 en etapa preparatoria, 3 extinguidos por la muerte del autor y 2 en etapa preliminar. En infanticidios, 3 con sentencia, 5 en etapa preparatoria, 1 en preliminar y 1 con extinción”, explicó el fiscal en conferencia de prensa desde Sucre.
La autoridad también destacó el carácter simbólico y urgente que tienen estos casos. “Cada uno no es solo un expediente; es un grito urgente que nos recuerda cuánto trabajo queda por hacer para erradicar la violencia estructural que todavía habita en los hogares, en las relaciones afectivas y en el tejido mismo de nuestra sociedad”, expresó.
Según el informe, La Paz lidera lamentablemente las cifras de violencia fatal. El departamento concentró la mayor cantidad de feminicidios con 20 víctimas, seguido por Santa Cruz (11), Cochabamba (seis), Oruro (tres), Potosí (uno) y Tarija (uno). Por su parte, Pando, Beni y Chuquisaca no registraron feminicidios en este periodo.
En cuanto a infanticidios, La Paz también encabeza la estadística con cinco casos, seguido de Santa Cruz (tres), Cochabamba (dos), Oruro (uno) y Chuquisaca (uno).
La Fiscalía aseguró que continuará impulsando el modelo de investigación estratégica, el fortalecimiento de capacidades periciales y el trabajo coordinado con la Policía Boliviana para garantizar que la impunidad no sea una opción ante crímenes que afectan a los sectores más vulnerables del país: las mujeres y la niñez.