Este miércoles 2 de agosto, Régimen Penitenciario pretendía evaluar médicamente al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, que se encuentra cumpliendo detención preventiva por el caso denominado Golpe I, en el penal de Chonchocoro, en La Paz. La junta médica no llegó a cumplir son su cometido, puesto que no contaba con el consentimiento del paciente. Tanto su familia, como su abogado y sus correligionarios de Creemos, observan que Régimen Penitenciario no dio a conocer ni siquiera los nombres de los galenos, menos sus credenciales. La asambleísta departamental Keila García, en conferencia de prensa citó la Constitución Política del Estado para indicar que ningún ciudadano boliviano puede ser sometido a una junta o un procedimiento médico sin su consentimiento, en alusión a Camacho. García señaló que la vida del gobernador cruceño está en peligro y responsabilizó de cualquier cosa que le suceda al presidente Luis Arce y al director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. Para García la intención de la junta médica creada por Régimen Penitenciario no es tratar la salud de Camacho: “(…), sino crear una falsa expectativa y un montaje referente a la salud del gobernador, sin la autorización de un juez competente y sin la acreditación debida de los médicos, a quienes corresponde esta maniobra. Se le puede llamar únicamente un atentado a la salud del gobernador. Esta es una forma de una tortura blanda, la que están cometiendo y están sometiendo al gobernador del Departamento de Santa Cruz”, expresó airada. Más temprano, Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño manifestó que la evaluación médica no se efectuó, dado que presentaron un memorial para indicarle al responsable del centro penitenciario “que esa decisión unilateral (…) no cumplía con ninguna formalidad legal”, y que vulneraba la CPE, la Ley de Ejecución Penal y el Código de Procedimiento Penal. El abogado Camacho denunció que ordenaron que su “libertad sea restringida” y que fuera encerrado en una oficina para evitar que pueda estar presente en el momento del contacto de los médicos con su defendido. La dirección nacional de Régimen Penitenciario, a través de sus redes sociales, difundió fotografías en las que, efectivamente se ve a un grupo de personas, que visten batas blancas, que se encuentran frente a una construcción, en cuya puerta se encuentra Camacho, sin compañía de su abogado. Natalia Ibáñez, prima de Camacho, pidió a la comunidad internacional que se pronuncie por el derecho a la salud de los presos políticos, entre los que se encuentra el gobernador cruceño. Antes de partir hacia La Paz, cuestionó que Régimen Penitenciario hubiera creado una junta médica para examinar al gobernador sin su consentimiento y sin cumplir con las normas vigentes. Además, indicó que no se avisó ni a su familia ni a su defensa. “Queremos denunciar que esto es un acto político, que están armando para exponer y para hacer un montaje sobre la salud de Luis Fernando Camacho y deslindarse de las responsabilidades y ni la familia ni la defensa vamos a permitir que se establezca este montaje”, expresó Ibáñez. Este miércoles, Régimen Penitenciario emitió un comunicado, en el que indica acerca de la conformación de la junta de galenos para efectuar una valoración médica de Camacho Vaca. Sostiene que está conformada por: “profesionales médicos especialistas en las áreas de reumatología, inmunología, gastroenterología, cardiología, fisioterapia, nefrología, neurología, psiquiatría, proctología, bioquímica, internista, psicólogo forense y rehabilitador”. En días anteriores, la Defensoría del Pueblo había planteado la necesidad de conformar una junta médica para evaluar a Camacho. Sin embargo, hacía notar el concurso del Estado y de la defensa y familia del gobernador cruceño.
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