El Gobierno boliviano advirtió que el país se arriesga a ser incluido nuevamente en la “lista gris” de los países débiles en materia legal de lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, porque se tuvo que derogar leyes y tratan de subsanar esa falta con decretos y resoluciones institucionales.
“Nuestro país entró a las ‘lista gris’ y nuestro presidente (Luis Arce), en ese momento era ministro de Economía y logró que salgamos de esa lista, para lo cual se comprometió a que saquemos una ley. Hemos sacado la ley que estaba aprobaba, la Estrategia (Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo), la cual ha sido abrogada precisamente por la mala comprensión que se ha tenido”, recordó la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza Vásquez.
En febrero de 2013 se informó que Bolivia logró salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que incorpora a los países que tienen deficiencias normativas para el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La condición era aprobar leyes que fortalezcan esos puntos y a lo largo de estos años el Gobierno intentó regular el comercio informal. En la gestión 2021 el Gobierno promulgó el decreto denominado “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, poco después lo envió a la Asamblea y lo convirtió en la ley 1386. Posteriormente envió el proyecto de ley 218 que básicamente avalaba todo lo que estaba en la 1386 y eso provocó la reacción de los gremiales que bajo el mando del fallecido dirigente, Francisco Figueroa, lograron la eliminación de las dos normas. A principios de 2023 el Gobierno nuevamente reactivó el proyecto 218, ahora conocido como el proyecto de ley 280 y crispó a los gremiales quienes anunciaron movilizaciones y de inmediato se plegaron los transportistas y mineros que también son trabajadores informales. Los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Economía, Marcelo Montenegro, intentan sin éxito bajar la temperatura de las protestas. Lima fue hasta la ciudad de El Alto a reunirse y explicar el proyecto de ley 280, los alteños le escucharon, pero también le pidieron que elimine el proyecto y la autoridad no pudo convencerlos. Este lunes el ministro de Economía acusó a “algunos dirigentes” de defender los intereses de grandes contrabandistas y dijo que el Gobierno se está reuniendo con distintos sectores para socializar este proyecto, que por el momento está suspendido su tratamiento en el Legislativo. Lo que no dijo el ministro es la nula respuesta favorable que están obteniendo en sus reuniones de socialización. El jefe de la misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Gustavo Vega, que arribó al país este lunes, dijo que evaluarán la normativa legal de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Y en diciembre se presentará el informe de esta evaluación. “Este es uno de los principales impactos que tendrá ese informe a nivel internacional, que va a ser su carta de presentación ante otros países y otras regiones, el proceso tiene varias situaciones en las que un país puede tener seguimiento intensificado, de acuerdo a los procesos que tiene el Gafilat dentro de su normativa”, deslizó el experto internacional. Mientras que la viceministra Espinoza advirtió que los países, al ser firmantes del acuerdo, están obligados a cumplir con las recomendaciones que se emiten desde la Gafilat, por esa razón el Gobierno avanzó con decretos y regulaciones sectoriales con el objetivo de cumplir las recomendaciones que había para el Estado boliviano. “Hemos ido señalando que el hecho de no contar con la normativa adecuada perjudica en las relaciones que se tiene a nivel internacional, es decir, operaciones que pueden realizar nuestros exportadores, la necesidad de tener por ejemplo bancos corresponsales, porque esa es la manera que se trabaja, y una serie de operaciones, inclusive en el tema financiero, el uso de nuestras tarjetas de crédito o de débito a nivel internacional”, detalló la viceministra.