Las autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) expresaron su respaldo al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, en el marco del proceso judicial por el paro de los 36 días que exigió la realización del Censo de Población y Vivienda.
Además, desde la institución académica se cuestionó la acusación por el delito de terrorismo y se celebró el cambio de rumbo en la justicia tras casi tres años de detención preventiva del gobernador.
El rector electo, Reinerio Vargas, señaló que la audiencia programada para este miércoles forma parte de un proceso “inventado” por el gobierno, pero que ahora se centra en revisar la legalidad de la detención.
“El gobernador lleva casi tres años preso de forma indebida, cuando la ley establece que nadie puede permanecer más de seis meses sin sentencia. Vamos a apoyar que vuelva a su pueblo, porque siempre hemos actuado de frente y con las manos limpias”, afirmó.
Vargas agregó que las recientes decisiones judiciales —como la liberación de Marco Antonio Pumari y Jeanine Áñez— reflejan un viraje en la administración de justicia. “Por suerte, hoy o ayer ya empezó a cambiar con las determinaciones que se están tomando. Terroristas no somos nosotros, terroristas son quienes sometieron la justicia durante tanto tiempo”, aseguró.
Las autoridades universitarias destacaron la unidad institucional para acompañar la causa y la esperanza de que Camacho sea liberado. “Hoy es un día histórico, porque debe determinarse la libertad del gobernador para que retorne a su pueblo. Queremos que este juicio inventado por la dictadura de Evo Morales y Luis Arce concluya, porque no podrán comprobar nada”, manifestaron.
El rector en funciones, Vicente Cuéllar, insistió en que la detención de Camacho nunca debió prolongarse tanto tiempo. “Esperamos que se actúe en derecho. No puede ser que un decreto supremo esté por encima de la Constitución. La universidad siempre ha defendido la democracia y lo volverá a hacer”, afirmó.
Cuéllar reconoció que los fallos recientes muestran una apertura en la justicia, pero advirtió que la persecución política persiste. “El paro de los 36 días logró que se promulgue la ley del censo, pero hoy estamos procesados como terroristas por exigirlo. Imagínense: luchar por un censo y ser acusados de terrorismo”, cuestionó.
Camacho permanece en prisión preventiva desde finales de 2022, cuando fue aprehendido en un violento operativo policial que generó fuertes protestas en Santa Cruz. La extensión de su detención se convirtió en uno de los símbolos de la crisis judicial boliviana, denunciada como instrumento de persecución política.
El paro de 36 días, que derivó en ese proceso, paralizó Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022, hasta que el Gobierno se vio obligado a promulgar la ley del censo. Sin embargo, los líderes de la medida —entre ellos el propio Camacho, dirigentes cívicos y autoridades universitarias— enfrentan hoy un juicio por terrorismo, un delito observado por el sistema interamericano de Derechos Humanos.