En Bolivia cada día mueren, en promedio, cinco personas a consecuencias de accidentes de tránsito. Los informes oficiales indican que el año pasado hubo un total de 1.748 fallecidos en carreteras y calles de todo el país. Lamentablemente, el 26,9% de las víctimas fatales eran personas jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 45 años. La mayoría de los hechos ocurrieron en Santa Cruz. Las causas varían desde imprudencia de los conductores, consumo de bebidas alcohólicas, inobservancia a las normas, entre otras.
Los datos y características coinciden con un hecho ocurrido el martes 27 de enero en la avenida Melchor Pinto, entre el primero y segundo anillo, que provocó honda tristeza y desconsuelo en una familia; además de indignación e impotencia en la población. Ese día el universitario Sebastián Vespa Montero, de 21 años de edad, cayó fulminado en el pavimento después de que fuera embestido por un microbús de la línea 64, conducido por un chofer que invadió carril en su intento por rebasar a otro vehículo de transporte público. La imprudencia del conductor acabó con la vida de este joven estudiante de Derecho, que se dirigía a la universidad a rendir un examen.
El atropello y muerte de Sebastián no se presenta como un caso más en las estadísticas de la Fiscalía y de la Policía. Es un hecho que caló profundo en una sociedad que está cansada de los abusos en los que incurren algunos sectores que se consideran poderosos y por encima de las leyes, en este caso específico los transportistas. Los ciudadanos tampoco están dispuestos a tolerar la pasividad de las autoridades.
El sábado pasado hubo movilizaciones espontáneas de ciudadanos para exigir sanciones más duras para los choferes que acaban con la vida de personas, como sucedió con “Sebas”. El universitario es recordado por sus familiares y amigos como un joven estudioso, de mucho talento, amoroso y con grandes proyecciones en su vida. Todo se apagó en cuestión de segundos.
Los familiares, vecinos, compañeros de estudios y amigos de Sebastián recolectan firmas en libros de actas para impulsar cambios en las leyes para sancionar con rigurosidad a las personas que provoquen accidentes de tránsito con muerte. El Código de Tránsito y el Código Penal establecen que el homicidio culposo por atropellamiento es sancionado con privación de libertad de uno a tres años. La pena aumenta de uno a cinco años y se inhabilita su licencia de conducir si al momento del hecho el chofer se encontraba bajo la influencia de alcohol o drogas.
En el caso del “micrero” que atropelló al estudiante de Derecho no se detectaron (o al menos ni la Policía ni la Fiscalía informaron) rastros de alcohol o droga en su sangre; sin embargo, tenía antecedentes por hechos similares. De acuerdo con informes de la Policía, en 2024 este mismo conductor atropelló y dejó mal herida a una mujer de 53 años de edad, que meses después falleció.
Está claro que ningún conductor está exento de incurrir o involucrarse en un accidente de tránsito con muerte, pero en criterio de abogados y otros expertos, las penas deberían aumentar en casos de choferes reincidentes, de los que provoquen hechos por imprudencia, inobservancia de las leyes o por negligencia.
La muerte de Sebastián abrió el debate sobre el aspecto legal, aunque también representa una oportunidad para reabrir el debate sobre introducir cambios en el arcaico sistema de transporte público en Santa Cruz. Los cruceños y el pueblo boliviano merecemos vivir en un mejor país.