Al igual que muchos otros desaciertos en las relaciones internacionales y la política exterior boliviana, la adhesión de Bolivia al Mercosur como miembro pleno fue una decisión afincada en el interés político del MAS, que siempre se antepuso al interés nacional.
Desde el año 2006, la política de integración boliviana estuvo marcada por la nociva influencia de Hugo Chávez, quien, confrontado políticamente con los entonces gobernantes de Perú y Colombia, decidió el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina (CAN) y su inmediata adhesión al Mercosur, con el deliberado propósito de debilitar el bloque andino y consolidar el denominado eje bolivariano con gobiernos afines a su ideología, hoy el socialismo del siglo XXI. Evo Morales se alineó alma, vida y corazón al proyecto chavista, y siguiendo esas consignas también manifestó oficialmente la decisión de incorporar a Bolivia al Mercosur. A partir de ese momento, secundarizó a la CAN, a pesar de la enorme importancia del mercado andino para las exportaciones bolivianas con valor agregado y del trato diferenciado que, como país de menor desarrollo, recibimos en la CAN.
Desde abril de 1997, Bolivia ya se encuentra vinculada al Mercosur a través del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 36), instrumento que, de manera amplia y sustantiva abre el espacio para el comercio boliviano con el Mercosur sin la exigencia de una membresía plena. En este contexto, es importante precisar que el exiguo intercambio comercial con el Mercosur no es atribuible a los términos del ACE 36; por cierto, las regulaciones arancelarias estipuladas en el Protocolo de Adhesión Plena y sus anexos son las que hoy están vigentes en el ACE 36, eso no varía. El comercio bajo el paraguas del Mercosur es asimétrico y se evidencian fuertes desventajas para las exportaciones bolivianas; por ejemplo, Bolivia no tiene capacidad para competir en el mercado de la soya al interior del Mercosur sin contar con preferencias arancelarias al mismo nivel de las preferencias que tiene en los mercados de la CAN. Por otra parte, las medidas no arancelarias en el Mercosur son excesivamente proteccionistas e imponen condiciones que Bolivia no está en capacidad de cumplir. Estas restricciones no arancelarias se mantienen en los mismos términos bajo el paraguas de la membresía plena.
La membresía plena no otorga mejores ni mayores ventajas arancelarias que las que establece el ACE 36 y tampoco elimina ni reduce las medidas no arancelarias; estas regulaciones en general son las mismas en el ACE 36 y en el Protocolo de Adhesión plena y sus anexos. Por tanto, es Bolivia quien tiene que realizar ajustes y mucho esfuerzo para que su oferta exportable al Mercosur sea atractiva.
Muchas veces se ha mencionado que la membresía de Bolivia en ambos bloques (CAN y Mercosur) podría generar conflicto y colisión de normas, respecto al arancel externo común y a la normativa en general, tanto originaria como derivada. Preocupa profundamente que hasta la fecha no se hubiese realizado estudios con diagnósticos claros sobre este tema; promovidos por el Gobierno, o por los gremios vinculados al comercio exterior o desde los centros de investigación académica. Esta omisión representa una grave negligencia que da cuenta de la poca seriedad con la que se ha tratado el tema desde un inicio. La comunicación e intercambio de criterio entre Estado, empresa privada y centros de investigación es necesaria al momento de delinear políticas en el área del comercio internacional y la integración; práctica que distingue a los procesos de integración y regionalismo abierto del Asia.
Un análisis técnico y jurídico exhaustivo y comparado de las regulaciones vigentes en la CAN y el Mercosur es necesario para tomar una decisión sobre la Membresía Plena. Recordemos que el Mercosur tiene normas restrictivas que prohíben a los miembros plenos negociar acuerdos comerciales fuera del bloque, lo cual limitaría la libertad de Bolivia para suscribir, en lo sucesivo otras alianzas comerciales al margen del Mercosur, quizás con mayores ventajas.
El Mercosur establece normas vinculantes en áreas, como la inversión extranjera, solución de controversias, políticas educativas y otras. Con la membresía plena Bolivia quedará vinculada a toda esa normativa, y algunas no armonizan con la legislación boliviana, como son, los Protocolos de Colonia y de Buenos Aires que establecen el arbitraje internacional para la solución de controversias derivadas de las inversiones extranjeras y privilegian al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) como tribunal arbitral. El año 2007 el gobierno de Evo Morales, en el marco de su usual política antineoliberal, denunció el CIADI (órgano del Banco Mundial) para evitar ser demandado ante dicho tribunal arbitral.
Respecto a la normativa interna, la adhesión de Bolivia al Mercosur violó el artículo 257 de la Constitución Política del Estado, que exige la convocatoria a referéndum popular vinculante para la ratificación de tratados internacionales que impliquen integración económica estructural o cesión de competencias a organismos supranacionales. La firma del Protocolo de Adhesión al Mercosur el año 2015 se realizó sin previa consulta ciudadana y hasta la fecha no se ha corregido este vicio de origen que compromete la legalidad de todo el proceso; cuya inconstitucionalidad podría ser demandada en cualquier momento, por algún sujeto o actor del Mercosur cuyos intereses fueran afectados directa o indirectamente por la membresía de Bolivia.
La política exterior en integración y comercio exterior desarrollada por los Gobiernos del MAS ha restado oportunidades al país y ha violado preceptos constitucionales. Variados hechos lo confirman, veamos:
El año 2007 el gobierno de Evo Morales rechazó negociar y firmar un Acuerdo de Asociación con la UE, en el marco de la Comunidad Andina, que además de prometer un trato comercial preferencial y la oportunidad de recibir mayor inversión directa, se proyectaba también hacia otras áreas, entre ellas la eliminación de visas para el ingreso de ciudadanos bolivianos a los países de la UE (espacio Schengen). En dicha ocasión, Morales también manifestó su rechazo categórico a negociar tratados de libre comercio con las grandes potencias.
Así también, la álgida relación con EEUU y la renuencia a reducir los cultivos ilegales de coca, derivó en la pérdida del ATPDA afectando a pequeñas y grandes empresas bolivianas vinculadas a la producción de bienes exportables al mercado norteamericano, con lo cual cientos de personas quedaron sin trabajo, engrosando el cinturón de la informalidad laboral.
La política del MAS mostró desidia con la CAN y, a diferencia, asignó millonarias sumas de dinero a la membresía en la Unasur y la ALBA, sin retorno tangible para Bolivia.
Otra práctica del masismo que ha dañado la imagen de Bolivia a nivel regional ha sido su habitual política del bloqueo de vías de comunicación y de carreteras; esto ha convertido a Bolivia en un país obstruccionista para la expedita movilidad de personas y mercancía. Ya no somos la tierra de contactos y articulaciones, ahora somos el país que podría perturbar y obstruir la integración de infraestructura en la región.
Finalmente, es necesario revisar prolijamente los pros y contras de la membresía plena en el Mercosur porque hay tiempo para dar un paso atrás. No debemos olvidar que el Acuerdo de Complementación Económica ACE 36 está vigente y establece el mismo régimen arancelario que ofrece la membresía plena y sin la obligación de asumir con carácter vinculante, toda la normativa del Mercosur.