El nuevo comandante de la Policía promete eliminar la corrupción. Ojalá. Pero para que esa meta deje de ser una declaración ritual, la institución debe empezar por revisar prácticas que la han hundido en descrédito.
La primera es evidente: dejar de asumir funciones que la convierten en una recaudadora informal. La Dirección de Tránsito, por ejemplo, se transformó en una máquina de cobros paralelos, apetecida dentro del Verde Olivo por razones que todos conocen y pocos admiten. Es imposible combatir la corrupción si se mantiene un modelo que incentiva la coima y la discrecionalidad como parte del funcionamiento cotidiano.
La segunda es la modernización. Resulta inconcebible que en 2025 cualquier trámite policial exija peregrinar con un manojo de fotocopias. El guion es el mismo en todas las oficinas: un folder amarillo, copias innecesarias, requisitos duplicados y el billete que “agiliza” lo que, en teoría, debería ser rápido y gratis. Mientras la burocracia siga diseñada para demorar, las coimas siempre encontrarán espacio para prosperar. Digitalizar procesos no es solo modernizar, es cerrar las puertas a los atajos ilegales.
El tercer cambio es cultural. No se puede seguir viendo a policías sentados detrás de un escritorio como si la seguridad ocurriera entre sellos y memorandos. Las calles -no las oficinas- son el lugar natural del servicio. Patrullar, prevenir y estar presentes vale más que archivar documentos que casi nadie revisa.
El nuevo comandante tiene una oportunidad real: cambiar la lógica, no solo los discursos. La corrupción no se combate con anuncios, sino con decisiones que incomodan. Si la Policía quiere recuperar prestigio, debe empezar por desmontar esas prácticas que todos ven, pero pocos se atreven a tocar.
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