El populismo jurídico no cree en la justicia: cree en el resultado. Aplaude fallos cuando castigan al adversario y grita “corrupción” cuando rozan a los propios. No defiende principios, defiende conveniencias. Es una lógica peligrosa porque convierte a jueces y fiscales en villanos o héroes según el bando, y vacía de sentido conceptos básicos como debido proceso, independencia judicial o presunción de inocencia. La ley deja de ser regla común y pasa a ser un arma política de uso selectivo. Mano dura para el otro, garantismo indignado para uno mismo.
Evo Morales fue durante años un entusiasta del castigo ejemplar. Celebró detenciones, procesos exprés y persecuciones disfrazadas de justicia. Entonces no había “lawfare”, había “proceso de cambio”. Hoy, cuando la justicia —con todas sus falencias— se le acerca, Evo ya no es exmandatario: es víctima. Lo tragicómico es el coro que lo acompaña, militantes con máscaras de su rostro, una escena que recuerda más a La Casa de Papel que a una defensa jurídica seria. Cambia el guion, no el actor: la justicia es buena solo cuando apunta hacia afuera.
Algo similar ocurre con Edmand Lara, a quien un juez ordena moderar palabras y bajar videos que afectan la dignidad de terceros. La respuesta fue inmediata y previsible: “no me van a callar”. Y es cierto, nadie parece poder hacerlo. Pero quizá el problema no sea el silencio, sino la falta de filtro. La libertad de expresión no es licencia para decir cualquier cosa sin consecuencias. Todo sería más llevadero —y más democrático— si alguien le recordara una regla básica: pensar antes de hablar también es una forma de responsabilidad pública.