En el corazón de Guarayos, una familia que hizo todo por cumplir la ley hoy vive cercada por la impunidad. En su propiedad de 4.500 hectáreas, conocida como El Encanto, la soya madura y se pudre al mismo tiempo que la rabia y la impotencia. Grecia Yucra y su familia llevan años luchando por mantener lo que es suyo: ganaron un juicio de cuatro años, obtuvieron una orden de desalojo y recuperaron su tierra. Pero la justicia duró poco. Los mismos avasalladores volvieron, amparados por un sistema que los protege más que a las víctimas.
El drama comenzó en 2017, cuando un grupo de 15 a 20 personas ingresó de noche, tomó la maquinaria y se apoderó del terreno alegando falsamente derechos sobre él. Desde entonces, la historia se repite como una pesadilla: vuelven cada cierto tiempo, destruyen maquinarias, destruyen cultivos y amenazan de muerte a quienes se resisten. En una de esas ocasiones, el juez que inspeccionaba la zona fue agredido a machetazos. Si la ley es golpeada y expulsada del campo, ¿qué queda para los ciudadanos?
La señora Yucra denuncia con claridad el principal problema: una Fiscalía ausente. El fiscal de la zona, Camilo Velázquez, rechazó tres veces las denuncias, pese a las pruebas, los videos y las fotografías. Derivó el caso a Santa Cruz, donde los tiempos judiciales se pierden entre papeles. La Policía, dice ella, hace su parte, pero el Ministerio Público lo deshace con su pasividad. No hay inspecciones, no hay medidas cautelares, no hay justicia. Y esa inacción, en un país herido por el avasallamiento, es complicidad.
Lo más inaudito ocurrió en los últimos días: los propios avasalladores, confesos del delito, exigieron una compensación económica de entre 15.000 y 20.000 dólares por los supuestos “gastos” realizados en la propiedad invadida. Un absurdo jurídico y moral que revela la inversión total de valores en Bolivia: el delincuente se siente con derecho a cobrarle a su víctima. Y lo hace sin miedo, amparado en la certeza de que el Estado no actuará. ¿Cómo es posible que quien comete un crimen reclame reparación? ¿En qué momento el país normalizó lo que debería indignar a todos?
A ello se suma una red política que protege a los invasores. La víctima señala a dirigentes locales y a exautoridades nacionales que incluso visitaron la propiedad en medio de los conflictos. Nombres que se repiten en otros casos de la región, donde el poder político se confunde con el crimen organizado. La “Unica de Guarayos”, como se autodenomina la organización, se ha convertido en un aparato de presión y chantaje que vive de ocupar tierras, pedir dinero y legalizar el delito bajo el disfraz de la conciliación.
El daño no solo es económico —con pérdidas superiores a 200.000 dólares— sino moral. Los propietarios viven con miedo, los vecinos callan y el mensaje es devastador: en Bolivia, el título de propiedad no garantiza nada. Mientras tanto, instituciones como el INRA se cruzan de brazos, incapaces de hacer cumplir la ley o de proteger la producción agropecuaria que sostiene al país.
Desde El Encanto se eleva un pedido justo y desesperado: que el Fiscal Departamental de Santa Cruz intervenga, que se controle a sus subalternos y que se devuelva la confianza en la justicia. Porque el campo cruceño no puede seguir siendo tierra de nadie.
En cada hectárea usurpada se pierde más que una inversión: se pierde fe en el Estado, en la ley y en la idea misma de país. Bolivia necesita recuperar la autoridad moral de sus instituciones. Y para lograrlo, debe empezar por algo elemental: proteger a quien cumple la ley y castigar a quien la pisotea. Solo entonces la justicia volverá a la tierra.