En pleno sol, lluvia o surazo hay niños extendiendo la mano por unas monedas. Hay pequeños que en vez de estar jugando en un parque o aprendiendo en la escuela, están expuestos en rotondas y vías principales de la capital cruceña.
En el tercer anillo externo de la av. Paraguá, un hombre carga a su pequeña hija, que se da modos para sujetar su mamadera, pide a los transeúntes que le compren unas pastillas masticables o que les regalen algunos centavos.
A unos metros hay otra mujer que también tiene a dos pequeños haciendo lo mismo.
Los niños permanecen en unas mantas sujetadas al cuerpo de sus padres, lo que les impide correr, jugar o hacer travesuras como otros de su edad.
En el cuarto anillo y avenida Roca y Coronado hay familias cargando a niños intentando persuadir a la gente para les regale algunos centavos.
Estos son algunos de los lugares donde se observan menores de edad, enfermos y adultos mayores que a salen a pedir en la capital cruceña.
Hay otros que ya no están cerca de sus padres ni de otras personas mayores, pero a sus 10 o 12 años están diestros para pedir a los transeúntes y hasta se molestan con los que no les dan.
Se ha conocido que en muchos casos hay personas que manejan redes de mendicidad forzada.
Con el tiempo esto ya no sorprende, pese a que la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, en su artículo 281 bis, lo tipifica como trata de personas y tiene una sanción de 10 a 15 años de cárcel para cualquier persona que mediante engaño, uso de poder o de fuerza, haga que los niños se encuentren en una situación de mendicidad forzada, obligándolos a pedir dinero en la calle.
La abogada Jessica Echeverría, de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, explicó que la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) establece todos los derechos que se deben respetar. Además, la Ley 263 (Contra la Trata y Tráfico de Personas) señala sanciones contra quienes utilicen a los niños a la mendicidad forzada, obligándolos a pedir dinero.
“El artículo 281 bis (de la Ley 548) está tipificado como trata de personas y tiene una sanción de 10 a 15 años”, remarcó la abogada.
Echeverría dijo que es muy difícil sancionar estos hechos porque los niños en situación de calle son los más vulnerables e invisibles para el Estado.
Ve conveniente realizar operativos coordinados entre la Dirección de Trata del Ministerio de Gobierno, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía, además de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
A su vez, la jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Daniela Suárez, recordó que el 30 de mayo de este año se hizo un operativo en conjunto con Seguridad Ciudadana y la Policía. En esa oportunidad, recorrieron algunos puntos del segundo anillo, donde se concentran padres con sus hijos.
“Se les explicó acerca de los peligros a los que se expone a los niños. Lamentablemente, varias de estas familias viven en situación de precariedad económica, pero esto no da lugar a que se vulneren los derechos de estos niños, que muchos de ellos no están escolarizados y están todo el día expuestos al sol y al frío”, cuestionó.
Uno de últimos casos atendidos por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia fue el de un niño, que ahora se encuentra en un centro de acogida, porque era utilizado por sus padres para el robo de teléfonos celulares. También asistieron a un menor de edad en la zona del Plan Tres Mil que se encontraba llorando y no quería volver a su casa porque le habían robado su dinero, producto de la venta de dulces, y si no llegaba con el monto recaudado, los padres le pegaban. Para Guillermo Dávalos, sociólogo e investigador social de la Fundación SEPA, el municipio y la Gobernación no están apostando por la prevención. “Las defensorías, según establece la ley, tienen dos roles que cumplir: el primero es el de la prevención y el segundo, de atención y protección. Tienen que evitar que sean afectados los derechos de la niñez y adolescencia y, si son dañados, deben intervenir para reparar el daño”, indicó el experto. Dávalos señala que el menor que comienza a trabajar o mendigar en la vía pública termina socializando con otros menores y consumiendo sustancias controladas como la clefa o la marihuana. Según el último estudio sobre personas en situación de calle de la Fundación SEPA, que data de 2019, unas 1.043 viven en estas condiciones en la capital cruceña, de las cuales el 22% son menores de 18 años que han adoptado las plazas, parques, canales de drenaje, mercados y ferias como espacio de habitat y un 42% mantiene contactos con sus otros familiares, pero sigue en las calles.