Por Guider Arancibia y Ernesto Estremadoiro
Una alta exejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), vinculada al denominado caso Botrading, fue aprehendida este lunes, 16 de febrero, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por efectivos de la Policía Boliviana, en el marco de las investigaciones orientadas a la acumulación de elementos probatorios.
De acuerdo con informes oficiales a los que tuvo acceso EL DEBER, agentes del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción procedieron a la aprehensión de Gabriela Delgadillo Salazar en la avenida San Martín, a la altura del cuarto anillo, en cumplimiento de una orden emitida por el fiscal Daniel Ortuño.
Tras su detención, Delgadillo fue trasladada a dependencias del DELCC para prestar su declaración informativa dentro de las investigaciones del caso Botrading. La orden de aprehensión fue solicitada por el Ministerio Público a partir de una denuncia presentada por el director jurídico de YPFB, Erick Nedy Jiménez Rojas, según confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado.
Según los reportes oficiales, Delgadillo se desempeñaba como responsable de la Unidad de Evaluaciones Exploratorias de YPFB y fue además exgerente de Productos Industrializados de la estatal. Es investigada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, usurpación de funciones y otros que se encuentran bajo análisis fiscal.
Las pesquisas se enmarcan en la creación de la empresa Botrading, constituida por YPFB en Paraguay con el argumento de optimizar la importación de combustibles y reducir costos. No obstante, en medio de la persistente escasez de carburantes, analistas del sector hidrocarburífero sostienen que la firma no logró cumplir ese objetivo y que, por su estructura operativa y falta de transparencia, habría contribuido al encarecimiento de precios y a la elusión de controles estatales.
El caso derivó en un proceso judicial que alcanza a altos ejecutivos de YPFB y se vincula a la gestión del expresidente Luis Arce, dejando —según sectores críticos— una carga política y judicial al actual gobierno. El presidente Rodrigo Paz Pérez anunció, a través de sus voceros, el cierre de Botrading como una de sus primeras decisiones al frente del Ejecutivo.
En paralelo, una investigación impulsada por la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional concluyó que el esquema de operaciones de Botrading habría provocado un presunto daño económico al Estado estimado en al menos 355 millones de dólares, cifra que es objeto de análisis dentro de los procesos en curso