Una denuncia legislativa por presuntos sobreprecios y vínculos contractuales en la compra de crudo abrió un nuevo frente de cuestionamientos a YPFB. La acusación fue planteada por la diputada Patricia Patiño, mientras que el presidente de la estatal, Yussef Akly, aseguró que la gestión es transparente y negó cualquier perjuicio económico para el Estado.
La legisladora expuso documentación que, a su juicio, evidencia relaciones contractuales cruzadas entre la empresa Lithium One Bolivia, representada por Jorge Roca Kaufman, y el actual presidente de YPFB. Patiño sostuvo que en distintos momentos ambas partes habrían contratado servicios entre sí, situación que —dijo— podría convertir a algunos actores en “juez y parte”, especialmente por la supuesta participación del mismo empresario en el transporte de combustible mediante cisternas. Además de la generación de un presunto sobreprecio en la importación de crudo.
Según la diputada, parte de esas cisternas habrían estado operando desde el inicio de la actual gestión gubernamental, lo que motivó cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos. Patiño aclaró que la documentación recopilada será remitida tanto al Ministerio Público como a una comisión parlamentaria recientemente conformada, integrada por once legisladores, con el objetivo de que se investiguen los hechos.
La parlamentaria también señaló que se impulsarán acciones legales para restituir las interpelaciones a autoridades del sector hidrocarburos y cuestionó la falta de controles efectivos, afirmando que el Parlamento tiene la obligación de fiscalizar posibles hechos de corrupción.
Respuesta de YPFB
En respuesta a estas acusaciones, el presidente de YPFB, Yussef Akly, rechazó la existencia de sobreprecios en la compra de crudo o combustibles. En una entrevista concedida a un programa ON del Grupo EL DEBER, conducido por Sissi Añez, aseguró que la estatal petrolera cumple con todas las normativas vigentes y que los procesos de contratación se realizan bajo criterios técnicos y de mercado.
Akly explicó que varios de los contratos observados fueron iniciados en gestiones anteriores y que su administración decidió darles continuidad para evitar riesgos de desabastecimiento, en un contexto que describió como crítico al inicio de su gestión.
Añadió que los precios de importación dependen de múltiples factores, como el mercado internacional, la logística y los puntos de entrega, por lo que —dijo— no es válido comparar contratos de distintos periodos sin considerar esas variables.
El titular de YPFB informó además que se encuentran en curso auditorías a contratos heredados y que, una vez concluidas, se darán a conocer los resultados. Recalcó que toda la información contractual es pública y que la empresa ha respondido a los requerimientos de información realizados por legisladores y otras instancias.
Respecto a las filas registradas en surtidores, particularmente en la ciudad de Santa Cruz, Akly afirmó que se trata de un problema logístico puntual y no de falta de combustible. Garantizó que el abastecimiento y la calidad de los carburantes están asegurados y que los despachos fueron reforzados para normalizar la situación.
Mientras la denuncia anunciada por la diputada Patiño avanza hacia instancias judiciales y legislativas, YPFB reiteró su disposición a someterse a procesos de fiscalización y defendió que su gestión busca transparentar y ordenar una empresa que —según su presidente— arrastra problemas estructurales de años anteriores.