Sentada en el banquillo de los acusados fue puesta una mujer sindicada de ser socia capitalista de la empresa de seguridad del juez Hebert Zeballos, lugar donde se halló marihuana y una máquina procesadora de droga tras los operativos en busca del destino de 32 maletas que llegaron a Santa Cruz desde Estados Unidos.
El Ministerio Público imputó a la mujer por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, mismos delitos por el cual el juez Hebert Zeballos, un guardia de seguridad, un socio capitalista, un asesor legal del negocio y la exdiputada Laura Rojas fueron enviados al penal de Palmasola. Rojas ha sido vinculada con las 32 maletas que arribaron desde Los Angeles (EEUU) en un vuelo chárter.
El fiscal Julio César Porras, antes de su ingreso a la sala de audiencia, indicó que solicitarán la detención preventiva por 180 días en Palmasola para la socia del juez, quien pese de alegar en su declaración no tener vínculos con el caso denominado 'narcomaletas', aseguró que las investigaciones arrojan indicios de participación.
"Esta señora es una de las accionistas de la empresa de seguridad. Ella sí ha ha prestado su declaración (ante la Fiscalía), dice que desconocer todo, pero los indicios están completamente claros de que ella es socia", recalcó el fiscal.
Aseguró que hay mucha información colectada y muchas actuaciones por realizar posterior a la audiencia de la sexta investigada en el caso, de las cuales cinco ya están con detención en Palmasola.
¿Qué dijo el abogado de la acusada?
Por su parte, José Diego Infante, abogado de la imputada, aseguró que su defendida no es socia del juez y que ya no funge como funcionaria judicial.
“El problema es que el Ministerio Público no hace una individualización del grado de participación de mi clienta. Manifiestan que es socia de la empresa, pero no es así”, recalcó el abogado.
Aseguró que su defendida es abogada de profesión y que conocía al juez desde 2015, es decir, desde que era funcionaria pública, pero no tendrían ningún otro vínculo. “El Ministerio Público quiere tener culpable, quiere tener a alguien. Vamos a pedir la libertad irrestricta a mi clienta”, insistió.