Una cama y una silla es todo lo que cabe en ese ambiente lleno de moho, humedad, y oscuridad. No merece llamarse una celda de cárcel, porque rebasa la peor expectativa sobre ese concepto. Allí, en el sector Los Pinos del penal de San Pedro, se encuentra postrado el dirigente cocalero César Apaza, sin poder moverse ni para ir al baño. Tiene medio cuerpo paralizado porque sufrió un Accidente Cerebro Vascular (ACV), además la glicemia está elevada y eso puede causarle un coma diabético en cualquier momento. Desde allí clamó: “Por favor salven mi vida”.
Como él, hay otros detenidos por causas vinculadas con pugnas políticas que enfrentan problemas de salud. El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y la expresidente Jeanine Áñez enfrentaron situaciones complejas, pero no pudieron ir a un hospital .
“Mis derechos humanos vienen siendo violados de forma constante y sistemática por el Gobierno, los acompaño con el corazón y la convicción de seguir luchando para que nadie más en nuestro país sufra la violación de sus derechos fundamentales”, escribió Camacho ayer, desde el penal de Chonchocoro, para recordar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Efectos fatales y torturas Jhanisse Vaca Daza es activista y fundadora de Ríos de Pie, una organización defensora de los derechos humanos. Visitó a César Apaza por 45 minutos y, aparte de describir el sitio donde lo tienen, detalló la conversación que sostuvo con él. Destacó la decisión que Apazó tomó de ya no callar y denunciar lo que está sufriendo. Otro caso, pero que tuvo un final trágico, fue el del exdirector del Fondo Indígena en Bolivia y principal denunciante de un millonario desfalco en esa entidad, Marco Antonio Aramayo, quien falleció el 19 de abril de 2022 luego de varios días en terapia intensiva y de estar siete años bajo detención preventiva por este caso. Hasta el momento, esa muerte está impune, no hay un solo procesado por su muerte en prisión. El caso ya está siendo procesado en entidades internacionales. Aramayo ejerció el cargo entre septiembre de 2013 y febrero de 2015 y tras su salida ya enfrentaba más de un centenar de procesos por supuesto incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. En 2016 indicó que la entonces ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo autorizó el desembolso de $us 10 millon en un contexto de quiebra de la entidad. Allí firmó su sentencia de muerte. Lo inundaron de procesos judiciales. Había días que tenía audiencias en dos ciudades diferentes. Tras su muerte, sus familiares denunciaron torturas, intentos de extorsión y hay informes del caso. El 6 de noviembre, días antes de una reunión que el Estado boliviano tuvo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo a este medio que “hay solicitudes de medidas cautelares”. Aseguró que la más cercana a salir era precisamente la del cocalero Apaza, quien fue detenido por la quema del edificio de una asociación paralela. Fue brutalmente golpeado por policías durante su aprehensión, y pese a que meses después tuvo un ACV continúa en San Pedro. La CIDH aún no se ha pronunciado sobre este asunto. Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH, mediante la cual solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave de sufrir daño irreparable y si fuese el caso, puede pedir que deje la cárcel. Este medio conoció que hay sectores del Gobierno que están preocupados por los riesgos del dirigente. La activista Vaca Daza confirmó que estas medidas cautelares están efectivamente solicitadas, pero aún no se las han concedido. “De todas formas, ese proceso está tomando bastante tiempo y veremos si podemos iniciar acciones en otras instancias internacionales también”, manifestó. “César no puede moverse, así que no tiene la posibilidad de disfrutar, si es que adaptamos esa palabra, de los espacios comunes que tiene la cárcel de San Pedro. Cuando lo vi, no podía ni sentarse, el habla está afectada por la parálisis en su rostro”, relató la activista. En la conversación que tuvieron,una parte que le quedó grabada a la activista es que su encarcelamiento es un castigo “porque él tiene la confianza de su sector, algo que Evo Morales y el MAS, nunca lograron en Yungas”. Reiteró que es inocente, que “el día de la quema mercado paralelo no estuvo presente en el lugar, y que eso los mismos investigadores lo habían comprobado”. La Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz sostuvo una larga pugna con otro bando liderado por el dirigente Arnold Alanes, a quien el propio ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, había reconocido como dirigente de este sector. Alanes abrió un mercado paralelo al de Villa Fátima, en la zona de Villa El Carmen, lo que desató un conflicto que duró varias semanas. Lo llamativo fue que no se enfrentaron bandos de productores, sino los de Adepcoca, con la Policía, que defendía el mercado paralelo, que no está reconocido por la Ley General de la Coca, que se aprobó Evo Morales en 2017 y que reemplazó a la ley 1008. El 9 de septiembre de 2022, la Policía levantó las manos ante la cantidad de productores que habían llegado de Yungas. Fue entonces cuando tomaron el edificio y lo quemaron. Alanes huyó con sus afines. Cerca de las 02:40 del 23 de septiembre de ese año, en Villa Fátima, fue detenido Apaza, quien era presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca. En la charla con la activista, Apaza ratificó lo que dice el informe de la Defensoría del Pueblo que fue emitido el 11 de mayo. El documento señala que las lesiones sufridas por Apaza fueron producto de la intervención policial durante su aprehensión y posterior traslado a las instalaciones de la Felcc de La Paz. Esto “configura un trato cruel y degradante de acuerdo con la normativa y jurisprudencia nacional e internacional”, se lee en el texto. El documento revela que los agentes policiales habrían provocado dolores físicos intencionales a Apaza, con el objetivo de aprehenderlo sin haberle informado previamente los motivos de su detención ni utilizar medios persuasivos no violentos. “Los malos tratos de los que fue víctima César Apaza podrían configurar tortura si la investigación, en especial la aplicación del Protocolo de Estambul y pericias psicológicas, aportan mayores elementos para la calificación de la gravedad o severidad, según las circunstancias subjetivas y objetivas que la jurisprudencia internacional ha determinado”, señala el documento. “El coronel Rojas, me dijo ‘firma carajo’ y le miré y le dije, no voy a firmar, mi coronel, porque entiendo que tengo mis derechos, solicito comunicarme con mi abogado; ‘firma primero carajo’ me volvió a repetir, y me dio otros golpes, volvió a entrar y dejaron de golpearme, y me preguntó, ‘cómo es, hijo de puta (sic), vas o no vas a colaborar’. Yo le dije que sí, pero, que también me dejen primero hablar con mi abogado y me empezó a agarrar del cuello, ‘Apaza, mierda, vas a firmar o no’, le mire y le dije que no, se abstuvo a tirarme el golpe, mirándome con una mirada muy enojada, y ahí sus encapuchados, sus policías, me propinaron otros puñetes”, relató Apaza, de acuerdo con el informe. En la reunión con la activista, Apaza relató que desde su aprehensión ha sido sometido a torturas físicas constantes. “Le pregunté si es que podía revelarlo, y aceptó. Fue torturado durante su aprehensión y durante el tiempo que está encarcelado”. Además, “sufre las visitas de funcionarios del Ministerio de Gobierno para presionarlo a que acepte la culpabilidad, que se someta a un juicio abreviado, y de esta forma pueda ir a detención domiciliaria o recibir atención médica” adecuada. Vaca Daza expresó que someterse a esa posibilidad es una decisión propia. “Pero mi visita y su testimonio aclaran que si lo hace, será bajo presión a la que se encuentra, y no a una decisión propia y libre”, puntualizó. Complementó que meterá el proceso en instancias de Naciones Unidas, la Human Rights Foundation, al World Liberty Congress, organización con representantes de más de 60 países.
Derechos
La activista mencionó otros casos, como los del gobernador Camacho, o la expresidente Jeanine Áñez. “Son casos en los que hemos visto lamentablemente la negación al derecho a la salud. Vimos también lo complicado que fue el de la exministra Eidy Roca” que al final pudo salir a Argentina aquejada por una enfermedad degenerativa en estado terminal.
Una junta médica emitió el informe conclusivo y “recomendó que el privado de libertad (Camacho) continúe con el tratamiento de inmunoglobulinas, cada 21 días. Además, plantearon que se le practique un mapeo cardiaco y de forma diaria un control de signos vitales”. Camacho padece hipogamaglobulinemia y síndrome de Churg-Strauss, las dos enfermedades comprometen su sistema autoinmune: la primera tiene que ver con una deficiencia selectiva de inmunoglobulina G y la segunda es un trastorno caracterizado por la inflamación de los vasos sanguíneos.
Esto se conoció oficialmente luego de que la autoridad fue encarcelada. Pero, no hubo posibilidad alguna de que el tratamiento, como exige el protocolo, sea realizado en un ambiente hospitalario.
Áñez tuvo crisis muy serias en su salud, que según su defensa en algún momento arriesgó su vida, especialmente en el ámbito relacionado con la hipertensión y un mal coronario, que nunca mereció de parte de las autoridades un tratamiento hospitalario.
En este contexto, el país recibió el domingo la conmemoración de los 75 años de la Declaración de los DDHH. En este escenario, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé dijo en su cuenta en X: “En Bolivia todavía reclamamos, violencia de género, impunidad, criminalización abusiva con miles de presos sin condena, etc. El Estado no garantiza una Justicia accesible e imparcial para ejercicio de derechos y libertades”.