Los políticos y especialistas en el área consideran que la oposición tiene una “alta responsabilidad” en la designación “ilegítima” del Defensor del Pueblo que se logró el viernes bajo maniobras del MAS. Los viajes, licencias y no habilitar a sus suplentes para la sesión de Asamblea son considerados como falta de estrategia política y de experiencia de los líderes de la oposición.
Desde el MAS y el Gobierno defiende la elección de Pedro Calisaya, aseguran que se contó con los dos tercios de los asambleístas presentes en sala.
Sin embargo, el jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, calificó que “aberrante e ilegal la decisión de la Asamblea Legislativa para imponer al defensor masista”.
Por su lado, el politólogo Marcelo Arequipa dijo que “la elección del defensor, en términos estrictos de la legalidad, no tiene una anomalía. Pero en términos políticos y la sensibilidad social de la ciudadanía hay un problema de carácter de legitimidad y es muy cuestionable por la falta de consenso. Hay una responsabilidad en la falta de estrategia política de la oposición por no haberse adelantado”.
La sesión de la Asamblea Legislativa del viernes se desarrolló en medio de escándalo, maniobras, agresiones, viajes y licencias de los opositores que dio lugar al cambio del orden del día y a la designación de Pedro Francisco Callisaya Aro como el nuevo Defensor del Pueblo con 95 votos del oficialismo.
Sin embargo, el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, dijo que “ante la ausencia (de los legisladores opositores) a sus fuentes laborales y en un escenario político se toman decisiones estratégicas”.
Para el exlegislador Amílcar Barral, la sesión fue “vergonzosa” por la aplicación de “artimañas” del oficialismo para imponer a sus autoridades.
“La elección es legal pero no es legítima. Más que méritos del MAS ha sido por los errores de la oposición porque no sé si era necesario que vayan a Santa Cruz sabiendo que hay una Asamblea. ¿Por qué no podían habilitar a sus suplentes esta semana?”, cuestionó Barral, a tiempo de recordar que el año pasado también permitieron la aprobación de la Ley Legitimación de Ganancias Ilícitas.
Barral y Arequipa coincidieron que es la primera vez que el MAS recurre a este tipo de estrategia, ya que antes tenía los dos tercios para tomar decisiones e imponerse dentro del Legislativo.
Aunque el politólogo Carlos Cordero dijo que lo ocurrido el viernes era “previsible” porque durante la legislatura del Gobierno de Evo Morales se usó este “artilugio” de cambiar el orden del día o convocar a sesiones cuando los legisladores estaban en sus regiones para resolver un problema político y para prescindir de la oposición, en este caso, de la bancada cruceña.
El viernes la sesión de Asamblea se desarrolló en medio de escándalo y agresiones. El problema inició cuando el diputado oficialista Juan José Jáuregui propuso cambiar el orden del día, respaldado en el artículo 76 del Reglamento de Debates. Esto generó molestia en los pocos opositores que no pidieron licencia.
“Esta es una muestra del temperamento autoritario que tiene el partido oficialista, pues buscará cualquier recurso para imponer su voluntad política prescindiendo del diálogo de la concertación y del acuerdo”, lamentó Cordero.
Sin embargo, la mañana del viernes los parlamentarios opositores Khaline Moreno y Marcelo Pedraza, por separado, sospechaban que el MAS intentaría cambiar el orden del día.
El artículo 76 del Reglamento de Debates de la Asamblea define cualquier modificación de la agenda legislativa, “Solo podrá alterarse el Orden del Día, por voto de mayoría absoluta de los miembros presentes”, señala la norma interna.
Pérdida de credibilidad
La falta de legitimidad y pérdida de credibilidad, al margen de la desinstitucionalización de la Defensoría del Pueblo fueron las principales observaciones que lanzaron los veedores que participaron del proceso de selección de candidatos.
“Es un hecho que la institución defensorial en la actualidad se encuentra notoriamente cooptada y politizada en relación a la legitimidad y credibilidad con que contaba en sus inicios. Habíamos confiado en la necesidad de restablecer esa fuerza moral para contribuir en forma efectiva a la defensa y resguardo de los derechos humanos y en la palabra del vicepresidente del Estado”, señala un pronunciamiento de 11 instituciones que participaron como observadores del proceso.
La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) calificó de “anómala” la designación de Callisaya y se declararon preocupados por la destrucción de la institucionalidad democrática, y recordaron que incluso en esta votación, el candidato obtuvo menos votos que en los cinco procesos anteriores.
Perfil del Defensor
Pedro Francisco Callisaya Aro es un abogado con maestría en derecho constitucional en la universidad Simón Bolívar, titulado en la Universidad Mayor de San Andrés, también es maestro. Fue el candidato del MAS desde un inicio.
De acuerdo con su hoja de vida, fue secretario del juzgado de trabajo entre 1997-1999; luego pasó a Defensa Pública, donde estuvo entre 1999-2001; en junio de 2001 ingresó a la Defensoría del Pueblo, donde permanecería hasta 2012, ocupando distintos cargos como atención a la ciudadanía en El Alto, jefe de gestión directa, jefe de la oficina La Paz y finalmente, jefe nacional de la unidad de servicios a la ciudadanía.
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