La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que investiga la compra de material no letal contra disturbios por los ministerios de Gobierno y Defensa, finalizó este jueves sus sesiones con la aprobación de su informe conclusivo que recomienda el inicio de un proceso penal contra cuatro ministros de Estado y el presidente de la Aduana, Waldo Ramos, por no brindar información sobre el caso.
La presidenta de esa instancia, la senadora Plácida Espinoza, explicó que “no hubo cooperación del Ministerio de Gobierno ni de Defensa, así como de la Aduana Nacional, instituciones que directamente presentaron excusas para no participar”.
Las autoridades que no se presentaron a declarar y contra quienes irán los procesos penales, son los titulares de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez y el exministro de Economía, Oscar Ortiz; además del presidente de la Aduana Nacional.
El informe conclusivo, que será remitido al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación o rechazo, recomienda que el Ministerio Público continúe con las investigaciones por la compra irregular de armamento no letal antidisturbios, al igual que la Contraloría General del Estado realice las auditorías correspondientes.
Según la denuncia realizada, la adquisición se hizo por un valor de Bs 40 millones, monto mayor al realizado por otros gobiernos como Ecuador y Venezuela. Además que, la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions, que hizo la compra, es propiedad de un allegado al gobierno transitorio, quien tendría un proceso pendiente en la justicia boliviana por un caso de tráfico de armas.
La información que se filtró a través de los medios, dan cuenta que hubo un sobreprecio superior a los dos millones de dólares, en la compra de material antidisturbios.
Desde junio, la Fiscalía General conformó una comisión de fiscales que investigan el caso, a denuncia de un grupo de diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El proceso se inició contra los ministros de Gobierno y de Defensa y otras personas, a quienes se los acusa por los delitos son uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
La denuncia también fue puesta en contra de Sergio Z., director general de asuntos administrativos del Ministerio de Gobierno; y de Brayan B., representante de la empresa BTS, intermediaria en la compra de los agentes químicos.