Terminó el conteo de votos de la elección parcial de magistrados, y el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, anticipó que seguirá trabajando tras la elección casi completa de los altos magistrados del país.
El magistrado acogió las observaciones de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la urgente tarea de elegir a todos los magistrados. Sin embargo, el organismo también señaló la decisión unilateral de las altas autoridades de prorrogarse en sus cargos más allá de lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE).
Es un desafío muy importante en el cual todos estamos comprometidos y al cual debemos aportar desde nuestras funciones. El compromiso del Tribunal Constitucional y sus magistrados es seguir trabajando para lograr el cumplimiento de nuestra Constitución Política del Estado, señaló Hurtado el jueves en un acto público.
Hurtado y otros cuatro magistrados del TCP forman parte de las autoridades que, hace un año, decidieron extender su mandato más allá de los seis años establecidos en la CPE. En su presentación, la autoridad no hizo referencia a este límite de mandato.
La misión de observación electoral de la OEA destacó en su informe la situación creada por los magistrados del TCP, quienes extendieron su mandato más allá del plazo constitucional y, mediante sus decisiones, retienen una mayoría en dicho tribunal.
La misión, dirigida por el abogado uruguayo Edison Lanza, exrelator de Libertad de Expresión de la CIDH, hizo un llamado enérgico a todas las instituciones bolivianas a buscar, de manera urgente, una solución para completar la selección de los integrantes pendientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del TCP. La OEA enfatizó que este proceso debe realizarse a través de un mecanismo estrictamente apegado a la CPE, es decir, mediante elecciones gestionadas por la Asamblea Legislativa.
El TCP pide respetar la independencia de poderes
El ministro de Justicia, César Siles, sostuvo que la Declaración Constitucional 049/2023 establece la prórroga de los magistrados hasta la elección judicial, un proceso que ya se realizó. La autoridad adelantó, el mismo día de la elección, que está en curso un diálogo interinstitucional para tratar este tema y brindar certidumbre a la población.
Si analizamos la Declaración Constitucional 049/2023, que permitió el mandato de estos magistrados, veremos que algunos de ellos están renovándose, y otros no. Esto debe entenderse en el contexto de las sentencias constitucionales 770 y 777. Con la elección parcial o casi completa, ha finalizado el mandato de los anteriores magistrados, explicó Siles.
Sin embargo, Hurtado insistió en que la salida debe ser apegada a la CPE, mediante el voto y una ley elaborada por la Asamblea Legislativa. Además, culpó a esta entidad por la prórroga y la anulación de la convocatoria en al menos cuatro regiones del país.
Este es, sin duda, uno de los temas de agenda legislativa que debe resolverse. Nuestra Constitución Política del Estado establece con absoluta claridad que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura deben ser elegidos por sufragio universal, es decir, por el pueblo en las urnas. Esto debe cumplirse; así lo exigimos como tribunal, afirmó Hurtado.
Observaciones de la OEA
La misión de observación electoral de la OEA subrayó que el contexto de las elecciones estuvo marcado por una profunda polarización política, tanto dentro del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) como entre el gobierno y la oposición. Esto generó bloqueos de carreteras y retrasos en el calendario electoral.
Además, el informe denunció una judicialización excesiva de decisiones electorales, con más de 60 expedientes presentados ante el TCP, un incremento significativo en comparación con elecciones anteriores. Según la OEA, este fenómeno refleja debilidades estructurales en los sistemas judicial y electoral bolivianos.
Recomendaciones clave de la OEA
* Aprobación de un marco legal integral: Diseñar una ley que regule todos los aspectos del proceso de selección y elección de autoridades judiciales, garantizando transparencia, objetividad y meritocracia, y alejando el proceso de cualquier interés político.
* Reformas al sistema de elección popular: Evaluar alternativas para reducir la politización del proceso y asegurar la independencia judicial.
* Fortalecimiento de la transparencia: Publicar oportunamente documentos clave del proceso electoral y garantizar la colaboración con veedurías ciudadanas.
* Revisar el rol del TCP: Clarificar las competencias del TCP para evitar interferencias en los sistemas electoral y judicial.