La aprehensión del juez Michael Jhoan Quiroga Llanos, quien intentó frenar la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), se convirtió este martes en el desenlace de una escalada institucional que tuvo dos hitos previos: primero, el acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las máximas instancias del Órgano Judicial para blindar el proceso electoral, y luego la denuncia formal presentada por el presidente del TSE ante el Consejo de la Magistratura, que derivó en una intervención policial y fiscal.
Quiroga, juez del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas, en la provincia Ñuflo de Chávez, fue aprehendido y trasladado a la capital cruceña, donde quedó en dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), tras haber admitido una acción de amparo constitucional orientada a frenar la cancelación de la personería de ADN, pese a no contar con competencia territorial ni electoral, según el TSE.
La denuncia fue presentada por el presidente del TSE, Gustavo Ávila, quien advirtió que el juez aceptó el recurso a pesar de que, el lunes 19 de enero, el Órgano Electoral planteó una declinatoria de competencia previa, alertando de manera expresa que insistir en el conocimiento del caso podría derivar en acciones legales y disciplinarias contra el juzgador.
Anoche, el fiscal Alfredo Melgar confirmó que el Ministerio Público tomó conocimiento de un posible hecho con relevancia penal y que se inició la verificación de los actuados secuestrados por la Policía. “Ahora, teniendo conocimiento de ellos, bajo la facultad del Ministerio Público, vamos a tipificar qué acción se ha cometido”, explicó. Melgar señaló además que no existiría razón legal para que la autoridad judicial haya admitido el recurso en su jurisdicción.
Denuncia y reacción
Según el TSE, el amparo fue presentado por Nelson Almendras Choque con el objetivo de restituir a 136 candidatos de la alianza SAO-ADN, que quedaron fuera de la carrera electoral tras la disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El Órgano Electoral denunció una serie de irregularidades, entre ellas notificaciones extemporáneas vía WhatsApp, sin plazos razonables para la defensa; la inobservancia de las reglas de competencia territorial, dado que los hechos se produjeron en La Paz, sede del TSE; y la falta de legitimación activa, ya que la acción fue promovida por un ciudadano sin representación legal acreditada de la alianza mencionada.
La denuncia también advierte que la admisión del amparo puso en riesgo el principio de preclusión y el normal desarrollo de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026.
El caso se produce pocos días después de que, el jueves 15 de enero, el TSE, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público suscribieran en Sucre un acuerdo interinstitucional para garantizar certidumbre y blindar el proceso electoral, frente a acciones judiciales que busquen paralizar o revertir etapas ya concluidas.
Uno de los ejes centrales del acuerdo fue precisamente la defensa del principio de preclusión, como candado institucional frente a la judicialización del calendario electoral, en un contexto marcado por la proliferación de recursos constitucionales.
Como antecedente adicional, Quiroga ya había admitido en 2024 recursos presentados tanto por el evismo como por el arcismo para que el TSE supervise congresos partidarios en Villa Tunari y El Alto, decisiones que en su momento también generaron cuestionamientos.