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Antes de ingresar a declarar, Ríos afirma ser inocente y la Fiscalía allana uno de sus almacenes en El Alto

Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 18:53
El ejecutivo de Conapabol, Rubén Ríos en instalaciones de la FELCC/APG

La Fiscalía informó que se allanó un galpón que sería de propiedad del dirigente Rubén Ríos. El espacio era alquilado a Emapa por un monto de 19 mil bolivianos mensuales.

Antes de ingresar a declarar en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, afirmó ser inocente y pidió que no se metan con su familia dentro de las investigaciones que cursan por el caso de harina subvencionada de Empresa de Apoyo a la Producción Alimentaria (Emapa).

“Soy inocente. No metan a mi familia. Si quieren agarrarse conmigo, que se agarren conmigo”, dijo Ríos y agregó que son 51 panificadores “Ríos" y acusó al Gobierno de ser "un clan político” por las investigaciones que está realizando en torno a la subvención que recibía de Emapa.

Paralelo a eso, la Fiscalía y efectivos policiales allanaron un galpón que sería propiedad del dirigente panificador en El Alto, donde se halló una caja fuerte, oficinas que estaban vacías, un vehículo y un horno industrial, según el fiscal Ronald Jurado.

“Hemos dado cumplimiento a la orden de allanamiento, nos hemos constituido a este lugar y de acuerdo a los antecedentes de la investigación se tiene información de que este bien inmueble sería propiedad de Rubén Ríos”, informó el fiscal asignado al caso.

Incluso, mencionó que el extenso galpón “era alquilado por Ríos a Emapa”, mediante un convenio que fue suscrito “entre la empresa con el panificador”. “El destino de este bien inmueble era para almacenar productos de Emapa”, agregó.

Además, precisó que por ese alquiler, Emapa cancelaba a Ríos cerca de 19 mil bolivianos mensuales.

Este martes, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó que el dirigente panificador está siendo investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado, todos vinculados al mal uso de la harina subvencionada que Emapa entregaba al sector panificador.

La autoridad manifestó que las investigaciones revelan un presunto daño económico que supera los 5 millones de bolivianos. Se refirió también a la existencia de una red de corrupción que estaría compuesta por miembros de su familia.

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