La caída de Rubén Ríos, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), volvió a poner bajo la lupa uno de los focos más sensibles de corrupción vinculados con la harina subvencionada de Emapa, un insumo creado para abaratar el pan, pero que durante años fue denunciado por desvíos, favoritismos y redes de aprovechamiento privado.
Este viernes, la Policía trasladó a Ríos al penal de San Pedro de La Paz, donde deberá permanecer seis meses mientras avanza la investigación en su contra. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el coronel Gabriel Neme, confirmó el cumplimiento de la orden judicial: “Se ha procedido al traslado del señor Rubén Ríos al recinto penitenciario de San Pedro”, informó.
El operativo se ejecutó cerca de las 13:00, un día después de que un juez ordenara su aprehensión por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, en el marco de las irregularidades detectadas en la distribución de harina subvencionada que Ríos recibía de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Un caso que destapa viejas sombras
Ríos también está siendo investigado por contratos lesivos al Estado —delito por el cual inicialmente se le otorgó detención domiciliaria, hoy apelada por la Fiscalía—, además de uso indebido de bienes y servicios públicos. El dirigente fue aprehendido el lunes, tras acudir a declarar.
El abogado denunciante, Eduardo León, reveló que Ríos manejaba tres cuentas bancarias con movimientos que, según la investigación preliminar, no se condicen con sus ingresos formales. Dos de esas cuentas registraron transacciones por casi 13 millones de bolivianos, y la tercera llegó a 650 mil, acumulando un total de Bs 13.725.114.
A ello se suma un dato revelador: el dirigente alquilaba un galpón en El Alto a Emapa por Bs 19.000 mensuales, operación que ahora es revisada como posible parte del esquema de beneficio irregular.
Antes de ser trasladado a San Pedro, y rodeado por policías en puertas de la Felcc, Ríos lanzó una frase que intentó resumir su defensa: “Soy inocente, ha sido una persecución política”, afirmó.
La Fiscalía, sin embargo, asegura que la evidencia financiera y documental es contundente. El caso abre un nuevo capítulo en el prolongado cuestionamiento a los mecanismos de entrega de harina subvencionada de Emapa, un sistema que buscaba sostener el precio del pan, pero que a lo largo de los años acumuló señalamientos por corrupción, redes de intermediación y manejos discrecionales.
Las investigaciones continúan y el Ministerio Público anticipó nuevas acciones en los próximos días, mientras el dirigente panificador inicia su detención preventiva en el penal de San Pedro.