De acuerdo a los datos oficiales de la Fiscalía de La Paz y el informe del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Justiniano, son cinco los procesos penales que se siguen al exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, quien se dio a la fuga cuando se dirigía a una audiencia para declarar como testigo.
El abogado paceño, Eduardo León, defensa de un dirigente panificador y parte denunciante contra Flores, confirmó a EL DEBER que el exgerente debe responder ante cinco procesos penales, el primero por la planta procesadora de papa en El Alto, el segundo por la venta de harina con sobreprecio a Emapa, el tercero por una planta piscícola que no funcionaba, el cuarto por enriquecimiento ilícito; y el quinto, por un daño económico a Emapa, anunciado por el ministro Justiniano.
Primero caso
El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, confirmó que ya existe una orden de aprehensión contra Flores, por el incumplimiento de la detención preventiva con la cual lo favoreció el juez Hugo Huacani, en el caso de presunta corrupción en la implementación de una planta procesadora de papa que operaba en la ciudad de El Alto.
En esa investigación, se presume varias irregularidades en la propiedad del terreno y el desfalco por la compra de la materia prima. Según el fiscal Torrez, el juez Huacani desoyó los argumentos sobre los riesgos de fuga que presentó el Ministerio Público, que solicitó el encarcelamiento del exgerente, lo que derivó en la actual situación, una búsqueda policial del prófugo con gastos para el Estado.
Torrez detalló que, según los investigadores del caso, Flores salió de su domicilio con permiso judicial, luego de ser citado como testigo en otro proceso, pero se verificó que el mismo no asistió al interrogatorio en dos oportunidades y que, al verificar en su domicilio, el mismo ya no lo habitaba.
Segundo Caso
La segunda investigación que afronta el exdiputado y excandidato a la Gobernación de La Paz por el MAS, es en relación el de un supuesto enriquecimiento ilícito, el cual se consolidó durante su gestión como gerente de Emapa, desde 2021.
Los antecedentes revelan que el 31 de julio de este año, Flores declaró ante la Contraloría General del Estado (CGE) poseer Bs 2.836.000 en activos y tres bienes. Los investigadores sospechan, pues el salario del exgerente de Emapa era de Bs 15.950 mensuales, lo que significa que tuvo que ahorrar todo su sueldo durante 14 años para acumular los Bs 2,8 millones de patrimonio y también adquirir tres bienes en ese tiempo.
Recordemos que, para lograr la detención domiciliaria en caso de la planta procesadora de papa, Flores declaró como dirección permanente una lujosa casa en la zona Sur de la ciudad de La Paz.
Tercer caso
El tercer proceso, tiene que ver con irregularidades en el funcionamiento de una planta piscícola en el Lago Titicaca, en el departamento de La Paz. El fiscal Tórrez señaló que, además de Flores, hay otras cuatro personas investigadas, por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
Cuarto Caso
Pero la investigación más bullada que se sigue contra Flores, es la relacionada a la compra con sobreprecio de la harina. Este caso de corrupción salpicó al dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos.
De acuerdo al ministro Justiniano, Flores, los funcionarios de Emapa y un grupo de dirigentes del sector de panificadores “se valieron de la necesidad de la población” y malversaron parte de los Bs 1.200 millones que anualmente gastaba el Gobierno del MAS para subvencionar el precio de la harina, como lo declaró la autoridad a Cadena A.
En julio, Flores aseveró ante los periodistas que, “los panificadores reciben casi 120 bolsas (de 50 kilos de harina) al mes y si sumamos, se hace bastante. Al año superamos los 1.000 millones de bolivianos de subvención que se hace solamente a la harina”.
La empresa estatal cumplía con la entrega de harina, manteca, levadura y azúcar a los panificadores de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, con los que tiene convenios firmados. Según los datos que Flores dio, el Estado boliviano, a través de Emapa, entregaba a los panificadores la bolsa de 50 kilos de harina a Bs 109, pero la compraba en Bs 488 y Bs 500, “la diferencia entre ambos precios es la subvención que se dispuso”, según el reporte de ABI correspondiente al 31 de julio.
Por su parte, Justiniano remarcó que inicialmente ya se detectó un daño económico de Bs 300 millones por este negociado. En teoría, el Estado gastaba recursos de todos los bolivianos para comprar el quintal de harina argentina a ese elevado precio, para luego entregarla a bs 109 a los panaderos, con el fin de mantener el precio del pan en 50 centavos, pero la investigación reveló que por debajo se mantenía un círculo delictivo.
El abogado León detalló a EL DEBER que, según los indicios, Emapa, al mando de Flores, adquiría la harina en un costo alto, pero en lugar de entregarlo directamente a los panaderos, primero procedía a venderla a determinadas empresas. En este caso se presume que una de ellas era de propiedad del dirigente Ríos, quien posteriormente la volvía a vender a Emapa, pero usando otras bolsas y a un precio elevado, nuevamente.
“Era un negocio redondo, efectivamente”, lamentó León. El Fiscal Torrez informó el viernes en la noche que ya se emitió una orden de aprehensión contra Ríos, quien sigue prófugo y no fue encontrado en los allanamientos que se realizaron a sus domicilios y hornos de su propiedad, donde solo arrestaron a dos familiares, uno de ellos su esposa, quien prestó declaración informativa y se desconoce su situación procesal.
Quinto caso
Finalmente, el quinto proceso penal en contra de Flores y su círculo de confianza en Emapa, fue anunciado por el ministro Justiniano, quien detalló que en 12 días de intervención a Emapa, una comisión interdisciplinaria identificó un daño económico superior a los Bs 95,5 millones, e indicó que con junto al interventor, Lázaro Andia Fuentes, se iniciarán los procesos correspondientes contra los funcionarios de la entidad estatal y las personas del sector privado que resulten involucrados.
“En apenas una semana se ha identificado un presunto daño económico que supera los 95 millones de bolivianos. Las acciones serán contundentes: se presentarán denuncias penales contra quienes, desde EMAPA o desde el sector privado, hayan ocasionado perjuicio al Estado”, afirmó Justiniano. La autoridad lamentó que el presupuesto anual que tenía Emapa, de 4.600 millones, era malversado por unos pocos, quien se beneficiaron de contratos irregulares.