La Alcaldía de La Paz intervino este jueves la panadería Ríos, ubicada en la zona Villa Victoria, tras recibir denuncias de vecinos y clientes por supuestas irregularidades sanitarias y un incremento injustificado en el precio del pan. El operativo, encabezado por el alcalde Iván Arias, derivó en la clausura inmediata del establecimiento.
Durante la inspección, funcionarios municipales constataron graves deficiencias higiénicas: presencia de excremento y rastros de roedores en áreas de producción y almacenamiento, insectos, latas oxidadas, insumos infestados con gorgojos y manteca en estado rancio. Incluso se reportó la aparición de una vinchuca, lo que elevó las alertas sanitarias.
Arias criticó duramente al propietario, Rubén Ríos, dirigente nacional del sector panificador.
“Como dirigente, debería ser un ejemplo de limpieza. Lo que se ha encontrado aquí es un atentado a la salud pública”, declaró el alcalde al ordenar la clausura preventiva.
Los reclamos vecinales también apuntaban al precio del pan de batalla, que en la panadería intervenida se vendía a Bs 0,80, pese a que otras panaderías de la misma zona mantenían el precio regulado en Bs 0,50.
“Este aumento es un abuso. No vamos a permitir prácticas que afecten a los consumidores”, advirtió Arias.
Ríos intentó justificar el incremento argumentando mayores costos operativos; sin embargo, la comuna consideró que no existía una razón válida para el sobreprecio.
El dirigente panificador —quien además es secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol)— ya se encontraba bajo cuestionamiento por su relación con Emapa, la estatal encargada de regular la provisión de harina. En agosto de 2025 admitió haber vendido 20.000 quintales de harina a la empresa pública a través de su importadora entre noviembre y diciembre de 2024.
El Viceministerio de Defensa del Consumidor pidió a la Fiscalía abrir una investigación, alertando que podría tratarse de “un hecho grosero y delictivo” si se demuestra que harina subvencionada terminó comercializándose de forma privada.
Además, el miércoles 26 de noviembre, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua denunció formalmente a Ríos por presuntas irregularidades vinculadas a Emapa, que incluyen contratos de arrendamiento, servicios de logística y venta de insumos subvencionados. El presunto daño económico al Estado fue estimado en Bs 5 millones.
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